En más de una decena de ocasiones PP y Ciudadanos, a través del Gobierno de la Comunidad de Madrid o en sus grupos parlamentarios, se han opuesto a recuperar las viviendas públicas vendidas a fondos buitres. La última oposición ha llegado después de que el Ejecutivo de Ángel Garrido haya decidido recurrir la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid que anulaba la venta que hizo Ignacio González.
En concreto, como ha adelantado El Independiente esta semana, la Comunidad de Madrid ha presentado su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM). En dicho escrito, el Ejecutivo ha defendido la “legitimidad” de la operación basada en una “decisión política legítima”. De hecho, se ha asegurado que la venta no afectó a los inquilinos, algo que el Supremo en 2017 rechazó.
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Las tres negativas de la Asamblea de Madrid
Sin embargo, no se trata de la única vez que en Madrid se ha vivido este ‘no’ a la reversión, ya sea de las viviendas que vendió Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid o González en el IVIMA. Sin ir más lejos, la Asamblea de Madrid, a finales de junio, rechazó por tercera vez una PNL que instaba al Gobierno autonómico a luchar por recuperar las viviendas públicas.
Los votos de PP y Ciudadanos, al igual que en las otras dos ocasiones, sirvieron para tumbar la iniciativa que llegaba al Parlamento madrileño. En esta última oportunidad, hasta el portavoz de Ciudadanos presente en la Comisión de Vivienda, Juan Rubio Ruiz, reconocía “que esto es un poco como el día de la marmota”.
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A pesar de que el parlamentario de la formación naranja reiteró su posición “en contra de aquella venta”, los votos siempre van en otra dirección. Rubio Ruiz lo justificó aseverando la reversión supondría una “ruptura de esa seguridad jurídica”, lo que llevaría a la Comunidad de Madrid a emprender “un camino tenebroso, suicida y, en cualquier caso, muy, muy peligroso”.
Una postura parecida mantuvo en este último debate el portavoz del PP en dicha comisión, José Manuel Berzal: “Este Gobierno no hubiéramos adoptado la decisión que en su día se tomó, pero este Gobierno lo que tiene que hacer es ejercer su responsabilidad con seriedad”. La PNL no salió adelante con ocho votos en contra y siete a favor.
Un año atrás, a finales de abril, PP y Ciudadanos volvían a tumbar otra PNL de Podemos y PSOE que buscaba animar a Cifuentes a recuperar las 2.935 viviendas que vendió Ignacio González a la filial de Goldman Sachs en España, Encasa Cibeles. En aquella ocasión –esta vez en el Pleno de la Asamblea de Madrid-, la justificación volvió a ser por cuestiones jurídicas.
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Se trataba de la segunda vez que los diputados autonómicos debatían sobre esta situación ante la emergencia habitacional en la región. Pero antes, cuando apenas se había conformado la nueva Asamblea de Madrid, esta cuestión aterrizaba por primera vez. Fue en octubre de 2015. PP y Ciudadanos se opusieron aunque prometieron que este tipo de ventas no se volverían a dar.
En aquel momento, la sombra de una llamada de Albert Rivera para ordenar que Ciudadanos votase en contra sobrevoló. La sospecha la levantó el diputado del PSOE Daniel Viondi después de que en la previa habían conseguido el voto favorable de la formación naranja. Algo parecido sucedió (aunque, a priori, sin llamada de Barcelona) con la ILP de los vecinos de Madrid.
El frenazo de los abogados de la Comunidad de Madrid
Esto en la Asamblea de Madrid, pero no es el único sitio donde ha sucedido. Hasta en dos ocasiones, los abogados de la Comunidad de Madrid han rechazado esta posibilidad cuando el Ayuntamiento de Madrid ha puesto sobre la mesa recuperar los inmuebles de la EMVS que vendió Ana Botella.
A principios de septiembre del año pasado se conoció que la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno regional ya chocaba los planes iniciales de Manuela Carmena. Los expertos, tras una consulta de la Consejería de Vivienda, consideraron que revertir esta operación dejaría en una situación de desamparo a los inquilinos.
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El informe se volvió a ratificar en abril de este año después de que la consulta obligatoria que tuvo que hacer el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Carmena se lanzó a declarar nula la venta hasta que la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid deshizo estos planes y dejó en nada el movimiento.
A vueltas con la comisión de investigación en el Ayuntamiento
La decisión del Ejecutivo que dirige Carmena llegaba tras varios meses de comisión de investigación sobre la venta que realizó Botella. En dicho órgano de trabajo, en un primer dictamen, allá por 2016, Ciudadanos estaba del lado de PSOE y Ahora Madrid –aunque con advertencias– hasta que los giros de posicionamiento empezaron a aparecer.
“Bajo ningún concepto apoyaremos la reversión”, sentenció la concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra en la comisión de investigación sobre la venta a los meses. De esta manera, la política de la formación naranja debutaba en el órgano de trabajo alertando que anular el proceso de venta ponía en riesgo los “negocios” del Ayuntamiento.
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Al mismo tiempo, Saavedra argumentó que tumbar la operación supondría 400 millones de euros a las arcas públicas, daría “una mala imagen del Ayuntamiento de Madrid” y sería “jurídicamente inviable”. Finalmente, en este mes de abril, Ciudadanos se abstuvo a la reversión por cómo estaban escritas las conclusiones de la comisión.
También en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y en el de la EMVS
Un año antes, en el Pleno del Consistorio cuando se votaba instar o no a la Comunidad de Madrid a recuperar los pisos públicos que vendió Ignacio González, Ciudadanos volvía a abstenerse. “La ciudad de Madrid perdió en aquella venta 1.380 viviendas sociales”, recordó Ahora Madrid. El PP se opuso reprochando al PSOE una venta de viviendas públicas del Gobierno vasco de Patxi López a un fondo de inversión.
No solo en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Vivienda del Parlamento madrileño y en el Pleno del Consistorio madrileño esta propuesta ha chocado con PP y Ciudadanos. También sucedió en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
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En aquel mes de junio de 2017, los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE daban impulso para iniciar los trámites para anular la venta de 18 promociones de vivienda al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. PP y Ciudadanos directamente dieron un ‘no’.
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