El Tribunal Constitucional ha decidido mantener el veto a la Comisión de Investigación sobre la Monarquía que se iba a celebrar en Parlament de Cataluña. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la decisión del alto tribunal de continuar suspendiendo la resolución que se aprobó en la Cámara catalana.
El Gobierno de Pedro Sánchez se plantó contra este órgano de trabajo apoyándose en “un informe” del Consejo de Estado. En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, el 15 de marzo tras una reunión del Consejo de Ministros, aseguró que el paso del Parlament traspasaba “competencias”.
De esta manera, los socialistas decidieron llevar al Tribunal Constitucional la impugnación del acuerdo de la Cámara catalana. Poco después, el 26 de marzo, los magistrados daban la razón al Gobierno y suspendían la comisión impulsada el 7 de marzo por JxCat, ERC, los ‘comuns’ y la CUP.
En aquella ocasión, el Constitucional dejó en suspenso el grupo de trabajo el estimar que no tenía competencias para hacer esa investigación. El Gobierno en su recurso también denunció que se estaba invadiendo la función jurisdiccional que la Constitución reserva a juzgados y tribunales.
Además, recordó que en la Carta Magna se fija la inviolabilidad y exención de responsabilidad del Rey durante todo el tiempo en que está al frente de la Jefatura del Estado.
Ahora el Tribunal Constitucional, por auto del 2 de julio, ha acordado “mantener la suspensión de la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, sobre ‘creación de una Comisión de Investigación sobre la Monarquía’”.
El acuerdo del Parlament pretendía investigar, entre otras cuestiones, las “actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña después del 1-O”.
Asimismo, buscaba perseguir las “presuntas cuentas irregulares del rey emérito, Juan Carlos I, en Suiza y otros paraísos fiscales”, así como las actividades irregulares o delictivas que se puedan derivar de las declaraciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
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