Visto para sentencia el juicio por el último ERE de Liberbank

La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio por la demanda de nulidad contra el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado por Liberbank el pasado mes de junio, que supondrá la salida de 525 trabajadores del banco surgido de la fusión de Cajastur (CCM), Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Ante el juez de lo Social, Ricardo Bodas, los sindicatos demandantes –CSICA, CSI y APECASYC– han reiterado sus críticas a un plan que creen está amparado en vicios formales en la negociación, mientras que los representantes del banco, que sostienen que la anulación del ERE abocaría a la entidad a una situación dramática, han recordado que los ajustes fueron acordados por CCOO, UGT, CSIF, STC-CIC, la Candidatura Independiente de Servicios Centrales de Asturias y Oviedo O.P, que representan la mayoría sindical.

Para CSICA, uno de los sindicatos demandantes, “no se respetaron los plazos” que prevé el Convenio de 15 días previo a la negociación y tampoco el de 30 días previstos en el Estatuto para negociar. “Todo quedó reducido a los días 19 y 20 que sirvieron para escenificar lo ya pactado y para que algunos se subieran al carro de las prejubilaciones, fueran cual fueran las razones”, señala la formación.

Otro punto sobre el que se ha incidido en el juicio el abogado de CSICA es “la presentación fraudulenta de unas cuentas con 63 millones de pérdidas frente a los 151 millones de beneficios de otras, las oficiales, que se aprobaron y se depositaron por el Consejo de Administración”.

A la espera de conocer la sentencia, que podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, continuará en vigor el ERE, válido hasta diciembre de 2019 y que plantea la movilidad de los empleados así como bajas incentivadas para 525 de los 4.000 trabajadores que actualmente tiene la entidad. En concreto, prevé la salida voluntaria de los nacidos entre 1956 y 1959, y de quienes no se acogieron a anteriores expedientes de regulación, con indemnizaciones de 33 días por año trabajado, con límite máximo en los 120.000 euros.

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