Además, ha apelado a reflexionar sobre las actuales características del acceso al cuerpo judicial, que en su opinión debería democratizarse, con el fenómeno de la «guerra judicial» contra el adversario político, conocido como ‘lawfare’ en terminología anglosajona.
Rosell se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en la mesa de debate titulada ‘Democratizar la justicia’, celebrada en el marco de la ‘Universidad de otoño’ de Podemos que concluye este domingo.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha animado a diferenciar lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que el es órgano de gobierno «político, del concepto más amplio de Poder Judicial, que reside en los órganos jurisdiccionales.
A continuación, ha descrito que el mandato del CGPJ lleva caducado desde 2018 y el PP persiste en bloquear su renovación con una razón que parece clara, y, en su opinión, radica en no querer que tenga vocales de corte progresistas.
Por tanto, ha denunciado que supone una «vergüenza democrática» que el órgano de gobierno de los jueces lleve más de 1.000 días sin renovar a sus integrantes, algo que claramente «beneficia» a la derecha y, más específicamente, al PP.
De esta forma, ha llamado a pensar si esta situación revela una «degradación institucional más profunda» que afecta también al Poder Judicial y cuestionar si el actual modelo de elección, ideado para un bipartidismo político, es «funcional o no para la democracia».
Pero sobre todo Rosell ha apelado a abordar la cuestión del acceso a la carrera judicial, que a su juicio debe ser más democrático, con el fenómeno del ‘lawfare’, que viene a traducirse como guerra judicial contra el rival político.
Finalmente, ha rememorado que Unidas Podemos elaboró propuestas de reforma para cambiar el sistema de elección del CGPJ y la limitación de sus atribuciones cuando está en funciones, consiguiendo solo esta última.
Mientras, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha afirmado también en este foro que la formación morada padece una «persecución judicial» en base a la estadística «abrumadora» que es «preocupante».
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