Según informa Europa Press, la propuesta parte de una iniciativa de Italia, Grecia, Polonia y Bélgica a la que después se han sumado otros países hasta alcanzar una quincena, según fuentes diplomáticas.
Según el documento informal que ha circulado entre capitales y han discutido por primera vez este viernes los Veintisiete a nivel de embajadores consta de dos opciones que coinciden con los planteamientos que hicieron los ministros de Energía de España y Grecia, Teresa Ribera y Konstantinos Skrekas, respectivamente, en la reunión del pasado 24 de noviembre, y que culminó sin acuerdo entre los Veintisiete.
La primera de las alternativas es un límite fijo de 160 euros el megavatio hora (MWh), y queda dentro de la horquilla planteada por el ministro griego, quien abogó por un techo de entre 150 y 200 euros el megavatio hora, un precio «realista» para reducir los precios.
Por otro lado, se plantea también un tope dinámico con un nivel global de partida a la entrada en vigor que debería fijarse en un nivel suficiente para atraer recursos internacionales, por ejemplo, actualmente, 160 euros el megavatio hora (MWh).
Esta propuesta dinámica es la preferida de países como España pero también de otros del bloque como Polonia, que se muestra optimista de cara a un acuerdo de los Veintisiete el próximo 13 de diciembre, en el marco de la próxima reunión extraordinaria de ministros de Energía, ante «el fuerte deseo de alcanzarlo y que será compartido por la mayoría, si no todos».
De hecho, fuentes diplomáticas polacas han asegurado que «la mayoría de los Estados miembro, si no todos, están de acuerdo con la fórmula dinámica por ser muy flexible» y que «el punto principal de discusión ha pasado de ser el número al ámbito de aplicación».
No obstante, ambas alternativas responden a una serie de planteamientos comunes y, en el caso de su aplicación, estos países piden que se active en base a una decisión política, sin un activador específico.
Además, el bloque considera que este mecanismo de corrección del mercado debería afectar a todos los productos de futuros -no solo al de mes adelantado que propone Bruselas- y a todos los contratos, con liquidación física o financiera, celebrados en cualquiera de los centros de negociación europeos.
De este modo, el tope no se aplicaría solo en base al precio del mercado holandés TTF, de referencia para la UE, sino que abarcaría la mayoría de los centros donde es posible celebrar contratos a plazo de gas al por mayor.
En cuanto a las condiciones de suspensión del mecanismo, el bloque pide que este se rija por un enfoque de ‘semáforo’ que funciona en momentos normales (verde), introduce discrecionalidad cuando se alcanzan ciertos umbrales (amarillo), y se elimina automáticamente cuando se alcanzan otros umbrales más altos (rojo).
Mientras, los criterios cuantitativos para garantizar la seguridad del suministro, como las entregas de gas natural licuado, la evolución de la demanda, el equilibrio global entre la demanda y la oferta, deben ser los principales impulsores de las condiciones de suspensión.
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