El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 23 de Madrid ha decretado la suspensión cautelar del cambio de nombre de las calles de reminiscencia franquista de la capital, recurrido por la Fundación Francisco Franco, aunque el juez condiciona la suspensión a que esta entidad pague 60.000 euros como garantía.
Según el auto, de fecha 24 de octubre, el Juzgado acuerda suspender el acuerdo de la Junta de Gobierno Ayuntamiento de Madrid de 4 de mayo de 2017 por el que se cambia el nombre de 52 calles, plazas y travesías en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. No obstante, el juzgado condiciona esa suspensión a que la Fundación Francisco Franco ingrese 60.000 euros a modo de caución. Una cifra que, según la Fundación recurrente, es “totalmente desproporcionada”, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, informa Efe.
La Fundación Nacional Francisco Franco recurrió el acuerdo del Ayuntamiento el pasado mes de julio alegando que era «ilegal» y que la ley, “de marcado contenido ideologizante», se estaba aplicando «de forma sectaria y revanchista”. Además, argumentaba que el cambio de nombre de 52 cales conlleva «un fortísimo impacto económico para los madrileños, superior a los 55 millones de euros”.
En su recurso, la FNFF exponía que no existen razones de urgencia ni de interés general para llevar a cabo el cambio de nombres de las calles inmediatamente después de que se aprobase el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, y que no hay motivos que impidan que se pueda esperar a que los juzgados dicten sentencia sobre los recursos que se han presentado contra esta medida.
Con todo, el pasado mes de julio el Ayuntamiento ya paralizó la sustitución de las placas con los nombres de estas 52 calles a la espera de que la Justicia se pronunciase sobre tres recursos que pedían su suspensión.
El Ayuntamiento de Madrid recurrirá el auto que paraliza de forma cautelar el cambio de nombre de las calles y solicitará al juez como medida complementaria que clarifique el plazo en el que la fundación Francisco Franco debe abonar la garantía de las medidas cautelares, según han informado a Europa Press fuentes municipales.
Las mismas fuentes municipales han remarcado que al Gobierno municipal le parece “absolutamente incomprensible que el nombre de Francisco Franco siga en 2017 paralizando la aplicación de una ley aprobada en un parlamento democrático”.
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