UGT FICA ha denunciado «la falta de escrúpulos» de la dirección de Siemens Gamesa «al ensañarse nuevamente con el empleo en España» con el anuncio de los cierres de sus plantas en As Somozas (Galicia) y Cuenca (Castilla-La Mancha).
En un comunicado, el sindicato indica que el cierre de las plantas obedece a «una decisión de deslocalización de la producción en España» y advierte de que «va continuar destruyendo empleo a lo largo de los próximos años hasta desmantelar la antigua Gamesa».
Además, advierte de que la empresa también han anunciado una reestructuración en oficinas, sin cuantificar el impacto, que se unirán cierre de esos centros de fabricación de Somozas y Cuenca, que estima que supondrán la destrucción de 350 empleos directos y más de 500 empleos indirectos.
Ambos cierres se unen a los que se llevaron a cabo en 2018 en Miranda de Ebro y en agosto de 2020 en Aoiz (Navarra), lo que deja a España sin ningún centro de fabricación de palas eólicas de la compañía germano alemana, añade el sindicato.
Para UGT, la decisión de Siemens Gamesa es «un hecho insólito» en el sector eólico y que obedece a «una estrategia meditada de desmantelamiento y deslocalización pura y dura» de los centros de producción de España hacia Portugal.
Igualmente, considera que de «todo punto incomprensible» que se anuncie una perdida de empleo de estas características, cuando el Gobierno mantiene una apuesta decidida por las energías renovables como pilar de la recuperación de la pandemia del Covid-19.
Por otra parte, UGT FICA recuerda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) eximió a Siemens de lanzar una OPA sobre Gamesa por el interés industrial en la operación, por lo que cree que, en vista de que está a punto de eliminar toda la fabricación de palas eólicas en España, es «imprescindible para los intereses estratégicos del país que los equipos jurídicos revisen los acuerdos por los que se eximió de la OPA y lleguen con Siemens Gamesa hasta las últimas consecuencias».
Así, advierten de que van a llevar esta decisión de Siemens Gamesa hasta «sus últimas consecuencias jurídicas», y de que recabarán la implicación de todos los ministerios del Gobierno y de las Administraciones involucradas «para garantizar la actividad de los centros de fabricación y de las oficinas corporativas».
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