Así lo explica el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que denuncia que a pesar de que muchas de estas personas rechazaron esta “subida ilegal de forma individual anteriormente”, las empresas multiarrendadoras Hice, Caspima y Casvoz, propiedad de las hermanas Castro Lomas, insistían en que esta medida «intervencionista», según sus comunicaciones con los vecinos, “era cautelar y no tenían por qué respetarla”. “Al no haber ningún régimen sancionador que asegurara el cumplimento de la normativa”, dichas compañías se podían “dar el lujo de no respetar el límite y aprovecharse de su posición de poder frente a las inquilinas para cobrar rentas superiores” al citado tope del 2%.
Ante este escenario, los inquilinos y las inquilinas de los tres bloques ubicados en Paseo de la Chopera, Avenida Valladolid y Calle General Martín Cerezo de la capital se organizaron de forma colectiva y mandaron un escrito conjunto firmado por más de 50 vecinos exigiendo la devolución de las “subidas ilegales” que se les habían impuesto.
La presión surtió efecto, ya que las caseras accedieron a devolver una media de 175 euros por vivienda a todas las inquilinas e inquilinos, tanto aquellas personas que firmaron la carta como las que no, ascendiendo a un total de 25.000 euros “que habrían intentado estafar previamente”.
Sin embargo, la alegría ha durado poco. Muchos de estos inquilinos e inquilinas ahora se enfrentan a otra “práctica abusiva” por parte de las hermanas Castro Lomas, apuntan desde el sindicato. “Tras casi una década en la vivienda, aquellas personas cuyo contrato finaliza estos meses están recibiendo burofaxes donde se les indica que la renovación del contrato solo irá vinculada a una subida abusiva del 60% de sus alquileres”. Esto se traduce, por ejemplo, en que pasarán de pagar 840 euros al mes a 1.300.
“Si se acogen a la prórroga aprobada por el Gobierno en diciembre de 2022 para extender su contrato seis meses”, afirma, “reciben amenazas de no renovación”. “Si se niegan a aceptar la subida impuesta, reciben una demanda de desahucio por expiración de contrato”.
Según el sindicato, la familia de las hermanas Castro Lomas “está especializada en la especulación inmobiliaria, obteniendo más de un millón de euros en beneficios a raíz de las rentas de estos tres bloques organizados”. A esto hay que sumar que “también poseen otros bienes, como una finca en la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel, en Cuenca, que se les cedió gracias a sus influencias políticas”.
Esta práctica de subidas abusivas al finalizar un contrato es “común”, señala el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, “tanto para fondos buitre y grandes propietarios como Blackstone, así como para pequeños especuladores con una o dos viviendas en alquiler, ya que la ley actualmente no pone ningún tipo de límite ni regulación a la subida que se puede imponer en la renovación de un contrato, algo que en el pacto de Ley de Vivienda anunciado recientemente solo aplicaría en zonas tensionadas de aquellas Comunidades Autónomas donde se decretaran las mismas”.
