Así figura en esta sentencia emitida este pasado martes y recogida por Europa Press, en la que la Sección Tercera de la Audiencia condena al ex vicesecretario de Organización de UGT-A y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas; por destinar “de forma consciente y fraudulenta” más de 40,6 millones de euros de ayudas de la Junta para cursos de formación, “para financiar actividades propias del sindicato ajenas al fin social” de las subvenciones.
El tribunal impone la misma pena por los mismos delitos al que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados SL, Enrique Goicoechea.
La ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez, resulta condenada como cómplice de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas, a seis meses y dos días de prisión y a una multa de 25 millones de euros. Por su parte, resultan absueltos el resto de acusados, empresarios otrora proveedores de UGT-A, recoge la citada agencia.
La sentencia condena a Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con el 99% de la cuantía de 40.620.256 euros; y a Dolores Sánchez al pago del 1% de dicha cantidad, cuota correspondiente como cómplice; y subsidiariamente con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707 euros; declarando al sindicato UGT-A como responsable civil subsidiario por el total importe de 40.620.256,43 euros a UGT-A.
