El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto a todo su Govern
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha trasladado su apoyo a todas las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils en este 17 de agosto, jornada en la que se cumple un año de este ataque terrorista. Asimismo, ha reconocido la labor de los cuerpos de emergencia y seguridad y ha recordado al ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y al exconseller de Interior, Joaquim Forn, que se encuentra en prisión.
Torra, en una declaración institucional rodeado de los miembros de su Govern, ha mostrado su “más sincero reconocimiento a todos los profesionales de la seguridad, de la sanidad y de las emergencias que demostraron una indudable vocación de servicio” y ha citado expresamente a Trapero y a Forn, que, según el presidente de la Generalitat, está “injustamente encarcelado”.
Dicho esto ha agradecido “a todos los colectivos profesionales y a toda la sociedad su actitud solidaria” con las víctimas y ha querido hacer patente el rechazo del ejecutivo catalán al terrorismo, “sea cual sea su carta de presentación”.
“Los hechos vividos aquellos días pusieron a prueba nuestro país y su gente. Y hemos salido más reforzados y unidos y más convencidos de nuestros principios”, ha asegurado Torra, que ha destacado que “Cataluña se ha forjado a lo largo de los siglos como una tierra de acogida”. De ahí que, “ante de aquellos que hacen uso de la violencia, construimos un país de gente de paz y de acogida”.
Según el presidente del Govern, “la democracia siempre doblega al terror y la barbarie se produzca donde se produzca”. “El mundo siempre encontrará a Cataluña en la lucha por la defensa de la democracia y los valores de la paz y la libertad”, ha remarcado.
En cuanto a la pancarta contra la visita de Felipe VI colgada en plaza Cataluña, la Generalitat ha emitido un comunicado en el que señala que su instalación está condicionada a la obtención del correspondiente permiso por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, pasa esta pelota al consistorio de Ada Colau. Asimismo, sostiene que su retirada únicamente está justificada si pone en peligro la seguridad de los bienes y de las personas.
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