Todo lo que ha pasado mientras mirabas a Cataluña (II)

Gira el carrusel de acontecimientos de gran peso informativo que pasan por las portadas de tapadillo mientras la crisis en Cataluña los reduce a recuerdos borrosos. En la semana en que han sido detenidos 14 cargos públicos de la Generalitat por su participación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre y la Fiscalía ve sedición en los actos de protesta contra la operación policial, en el resto del país también siguen dándose citas ineludibles con la actualidad.

Sobre la presunta financiación ilegal del PP en Valencia, el juez ha citado como imputada a Carmen Navarro, actual tesorera del PP, y a Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia. La sustituta de Bárcenas se convierte así en la nueva imputada por el supuesto dopaje electoral de los de Rajoy en la región levantina. Además, el juez también cita al ex concejal Eduardo Santón, responsable de las fundaciones que habrían financiado campañas de la ex alcaldesa Rita Barberá.

Según el juzgado, el ex vicealcalde Alfonso Grau acordó usar el entramado empresarial de Vicente Sáez Tormo para sufragar bienes y servicios de la campaña del PP a las municipales de 2007, «velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo de ese modo su fiscalización y permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral”.

Pero no todo iban a ser malas noticias para los imputados del PP: esta semana la Fiscalía Anticorrupción ha rebajado su petición de cárcel para Jaume Matas por el caso Palma Arena. El Ministerio Público reduce de cuatro a tres los años de prisión para el expresidente balear por contratar irregularmente a los arquitectos que diseñaron y construyeron el velódromo, sin respetar «ni uno solo de los principios de derecho administrativo”, según la propia fiscal.

También ha quedado ‘sin pena ni gloria’ la afirmación de que diez de las once consejerías de la Comunidad de Madrid fraccionaron contratos con empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Así lo aseguró el funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) Juan Carlos Gómez Condado en el juicio de la primera etapa de la megacausa, que investiga la red corrupta en torno al PP de Madrid entre 1999 y 2005.

El perito detectó irregularidades en 686 operaciones de las consejerías de Madrid por la contratación pública de empresas entre los años 2004 y 2008, en un esquema aparentemente regular para enmascarar adjudicaciones a empresas de la trama detrás de contratos menores, que no necesitan publicidad ni concurso público.

Antes de salir del capítulo de las corruptelas ligadas al PP hay que hacer parada en otro caso de quebranto a las arcas públicas protagonista de la semana: la comisión de investigación sobre el endeudamiento en la Asamblea de Madrid dedicó su primera sesión a tratar de esclarecer por qué la M-45 costará unos 2.000 millones de euros hasta 2032, por una obra que costó la cuarta parte, unos 500 millones de euros.

No sólo hay desajustes en la construcción de la vía contratada en la época de Alberto Ruiz Gallardón, también en su gestión posterior: «Si hacemos el coste por kilómetro, nos sale a 145.000 euros por kilómetro en la M-45 cuando el resto de las carreteras cuesta 6.200 euros, 22,4 veces más. Al final este año hemos pagado un tercio de la construcción de la carretera», calculaba en la comisión el diutado de Podemos Alberto Oliver.

Saltando al Congreso, la mayoría de la Cámara Baja ha apoyado la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI planteada por Podemos y que trata de dar carpetazo a la discriminación social que aún sufre el colectivo.. La propuesta no ha conseguido la unanimidad porque el PP decidió abstenerse.

El mismo esquema se repitió con la nueva ley para la radiotelevisión pública: el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la norma que establece el sistema de elección del presidente y el Consejo de Administración de RTVE presentada por Unidos Podemos y acordada junto al PSOE y Ciudadanos. De nuevo, la ley con la que se intenta despolitizar el ente público verá la luz sin el apoyo del PP, que votó en contra.

Los populares llevan años recibiendo críticas desde los profesionales agrupados en el Consejo de Informativos de TVE por supuestas maniobras de manipulación informativa y la creación de una «redacción paralela» en los estudios de televisión para mostrar una perspectiva favorable al partido del Gobierno en la cadena pública.

Por otro lado, el Congreso ha dictaminado que el Gobierno creó una policía política para atacar a sus rivales con cargo a los presupuestos públicos y bajo la batuta del extitular de Interior Jorge Fernández Díaz. Según recogía Público, que destapó la trama sobre investigacions fraudulentas principalmente contra líderes políticos catalanes, las conclusiones acreditan «con una fuerte base documental», que el Ministerio de Interior que dirigía Fernández Díaz utilizó recursos públicos para crear investigaciones falsas contra dirigentes catalanes, Podemos y el PSOE.

Más enmascarada aún quedó la información sobre que Standard & Poor’s sacó el bono de deuda de Portugal de la calificación ‘basura’, lo que disparó las expectativas económicas sobre el país. Poco sabemos de las ‘buenas nuevas’ para la economía lusa desde la llegada de la coalición de izquierda al Gobierno, pero Bruselas ya aprobó la salida de Portugal del procedimiento de déficit excesivo y su prima de riesgo se acercaba esta semana a los 200 puntos básicos, su nivel más bajo desde enero de 2016.

En la misma mañana en la que la Guardia Civil iniciaba los registros en cuatro consellerías catalanas en un golpe contra la organización del 1-O, PSOE y Cudadanos acordaban tumbar de facto el impuesto de sucesiones en Andalucía. El equipo de Susana Díaz, presidenta de la Junta, pactó bonificar el tributo a todo heredero directo que reciba una transmisión de hasta un millón de euros, y no 250.000 euros como hasta ahora. Los de Rivera celebraron a bombo y platillo que la medida logrará que el 95% de los andaluces no abonen ningún impuesto por heredar. Pero según los datos de la Agencia Tributaria andaluza, el 93,4% de los herederos andaluces ya estaban exentos de tributar, y sólo el 1,9% de las herencias de familiares directos abonaron este impuesto en el primer semestre de 2017.

Por último pero no menos importante, el jueves entró en vigor provisional el tratado de libre comercio con Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), que aún no ha sido ratificado en todas las cámaras parlamentarias europeas y sólo deja sin aplicar el sistema de resolución de conflictos inversor-Estado, el polémico mecanismo de arbitraje al margen de los tribunales nacionales. Se trata, según Jean Claude Juncker, líder del Ejecutivo comunitario, del acuerdo de libre comercio que sentará las bases del liderazgo europeo en la carrera mundial para dar forma a la globalización. Para los críticos, el CETA es la avanzadilla de la Europa de los negocios más salvaje y la intensificación de un esquema de comercio neoliberal que aleja a la UE del reparto justo de la riqueza.

Acceda a la versión completa del contenido