La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en un ágora sobre desinformación en el 41º Congreso del PSOE / Foto: Joaquín Corchero / Europa Press
En un gesto de unidad institucional poco habitual, todas las asociaciones de jueces y fiscales de España han suscrito un comunicado conjunto para exigir respeto a la independencia judicial y a la presunción de inocencia, tras las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien calificó como “una vergüenza” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que absolvía a Dani Alves del delito de agresión sexual.
Esta reacción del mundo judicial llega en un momento especialmente sensible, cuando el debate público sobre la justicia y la protección de las víctimas choca con la necesaria imparcialidad y garantías procesales del sistema judicial español.
El comunicado, recogido por Europa Press, está firmado por las principales asociaciones: APM, AJFV, JJpD, FJI, AF, UPF y APIF, tanto de corte conservador como progresista. En él, se recuerda que la independencia del poder judicial es un “pilar fundamental del Estado de Derecho” y que las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis “exhaustivo de las pruebas” y conforme a la legislación vigente.
“Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados”, señalan, “evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”
El texto también subraya la importancia de la presunción de inocencia, recogida tanto en la Constitución española como en tratados internacionales. Recordar este derecho cobra especial relevancia en casos mediáticos como el de Alves, donde el juicio público puede anticiparse al judicial.
“Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”, advierten las asociaciones
Al mismo tiempo, los jueces y fiscales insisten en la necesidad de proteger y apoyar a las víctimas, en especial en casos de violencia de género y agresiones sexuales, y exigen que sus testimonios se valoren “con la seriedad y sensibilidad que merecen”. No obstante, recuerdan que esta protección debe convivir con los derechos de los acusados, buscando un equilibrio justo.
El comunicado concluye con un llamamiento a la responsabilidad por parte de los representantes públicos al referirse a decisiones judiciales, reiterando que la crítica es legítima, pero debe estar fundamentada y contextualizada.
Finalmente, las asociaciones reafirman su compromiso con los principios constitucionales, los derechos de las víctimas y un proceso judicial justo e imparcial.
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