Telefónica impulsa un “nuevo pacto digital” que beneficie a todos y garantice nuestros derechos

Telefónica ha presentado este la segunda edición de su ‘Manifiesto Digital’ en el que define las claves de las que deberían ser las políticas públicas de las democracias de la era digital para asegurar que los beneficios de la digitalización lleguen a todas las personas en un entorno de rápidos cambios tecnológicos, políticos y sociales, así como para garantizar los valores y derechos fundamentales de los ciudadanos en un futuro digital.

El documento alerta además de los posibles riesgos derivados de esta nueva era de disrupción tecnológica. Para el operador de telecomunicaciones, gobiernos y empresas deben mitigar de forma conjunta estos riesgos a través de nuevos modelos regulatorios y políticas sociales que a su vez no pongan obstáculos al desarrollo económico y la innovación. “Es hora de alcanzar un nuevo consenso, un nuevo pacto digital que garantice que los importantes beneficios derivados de la digitalización son accesibles para todos”, señala al respecto el presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete. “Para ello es necesario una modernización de instituciones sociales, económicas y democráticas, así como una mayor colaboración público-privada”, añade.

Telefónica sostiene que muchas de las normas y marcos regulatorios actuales no están adecuados a los retos que plantea el nuevo y complejo entorno digital, y es necesaria la colaboración entre múltiples agentes sociales que definan las bases de un uso justo y democrático de las nuevas tecnologías. En este sentido, el grupo de telecomunicaciones señala que una digitalización sostenible con foco en las personas requiere de profundos cambios en las políticas públicas que garanticen que la tecnología reduce la desigualdad.

“Necesitamos un nuevo paradigma regulatorio que aplique a los mismos servicios las mismas reglas y que garantice que todas las empresas tengan las mismas posibilidades de innovar. Las autoridades deben intervenir cuando sea necesario de forma rápida para garantizar la competencia justa y los derechos de los usuarios”, ha afirmado al respecto Pablo de Carvajal, Secretario General y director de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Responsable de Telefónica, en el evento de presentación del Manifiesto.

El ‘Manifiesto Digital’ desarrolla una serie de principios generales de políticas que mejoren la experiencia de los consumidores en Internet y propicien más inversión en infraestructuras digitales. Los principios que deberían guiar el debate de un “nuevo pacto digital” son cinco principalmente:

1. La digitalización debe ser un proceso inclusivo del que todos podamos participar. Miles de millones de personas en todo el mundo siguen sin conectividad, y sin conectividad no hay digitalización. Para lograrlo, el despliegue de banda ancha debe ser una prioridad para la administración pública. Por su parte, el sector privado tiene que dar con nuevos modelos de despliegue de infraestructuras y comercialización de banda ancha en zonas sin acceso que sean sostenibles desde el punto de vista económico, modelos que tienen que ser respaldados por nuevos marcos regulatorios y políticas fiscales que incentiven el despliegue de infraestructuras.

2. Las políticas sociales y fiscales deben adaptarse a las sociedades digitales actuales. Los gobiernos deben asegurarse de adoptar las políticas necesarias para que los ciudadanos estén preparados para guiarse en el nuevo entorno digital. En colaboración con otros agentes sociales, deben ofrecer la formación y la educación adecuada para garantizar el derecho al empleo de las personas ante el riesgo de la automatización de muchos trabajos gracias a la pujanza del internet de las cosas (IoT) o la inteligencia artificial. Además, sus políticas sociales deben modernizarse y adaptarse a la realidad de los nuevos mercados, de tal forma que puedan proteger los derechos de los trabajadores y de la sociedad en general. Para poder seguir ejecutando estas políticas sociales es muy importante también que implementen un sistema fiscal claro que obligue a las plataformas globales de servicios digitales a pagar los impuestos locales correspondientes y contribuir de forma equitativa al desarrollo de los países donde operan.

3. Los usuarios deben conocer de forma trasparente sus datos y tener el control sobre cómo y cuándo utilizarlos. Sólo así se logrará la confianza de ellos y se logrará explotar todo el potencial de los datos como impulsor de cambios sociales positivos en áreas como la salud, la educación, el transporte o el cambio climático. Para lograr esa confianza es necesario garantizar la seguridad y privacidad de los datos. Nuevamente se hacen necesarias nuevas formas de colaboración público-privada y un esfuerzo adicional para garantizar la seguridad de los productos y servicios digitales. Además, es responsabilidad de los estados garantizar con los mecanismos apropiados la seguridad de los datos de sus ciudadanos al tiempo que respetan sus derechos fundamentales.

4. Para la sostenibilidad de internet son necesarias plataformas globales de servicios digitales más responsables y comprometidas con el desarrollo social. En este sentido, gobiernos y organismos reguladores deben velar por la aplicación de los valores y leyes existentes. A su vez, los datos se han convertido en un gran activo competitivo y como tal debe ser considerado por las autoridades en la supervisión de los mercados para evitar posiciones de dominancia y que las grandes plataformas globales de internet se conviertan en guardianes de facto de la experiencia digital de los usuarios. En aras de su sostenibilidad, es necesario también asegurarse del uso ético de la inteligencia artificial y los algoritmos por parte, sobre todo, de estas grandes plataformas.

5. Es necesaria una modernización de las políticas sociales y de los derechos de los ciudadanos en el mundo digital. Para ello Telefónica aboga por una Carta de Derechos Digitales pensada en las personas y que proteja también sus valores y derechos fundamentales en el mundo digital. La legislación y supervisión de los mercados debe enfocarse en la regulación de actividades (“el qué”), en lugar de una regulación de entidades (“el quién”), aplicando por tanto el principio de mismo servicio mismas reglas. Además, la regulación debe impulsar la innovación, el emprendimiento y dejar espacio a la experimentación pudiendo actuar rápidamente si fuera necesario. Los políticos, a su vez, deben de dar con soluciones globales y regionales a problemas «sin fronteras» derivados de la propia naturaleza de internet. Para ello es necesario reforzar la colaboración internacional y solucionar asuntos espinosos consecuencia de la oferta de servicios digitales globales y el flujo internacional de datos.

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