Dicho medio alude a que el documento de dictamen sobre la amnistía, que Sumar presentará el próximo martes en Cataluña, fija que se aplique a “todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley”.
A su vez, se postula que el rango de una posible ley orgánica tendría en consideración todo acto relacionado con “la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Cataluña de 9 de noviembre de 2014, como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017”.
Por otro lado, establece que la medida de gracia se dirigiría a actuaciones en la “vía pública o por cualquier otro medio en defensa de dicho referéndum o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables”.
De esta forma, el ámbito temporal de la propuesta sería análogo a la ley de amnistía que en 2021 intentaron impulsar ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT en el Congreso, que fue rechazada entonces por la Mesa de la cámara con los votos de PSOE, PP y Vox tras un informe de los letrados que venía inconstitucional esa iniciativa, señala la citada agencia.
Asimismo, la medida de gracia abarcaría a agentes policiales que estuvieran procesados por actuaciones dirigidas a impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O o sobre las protestas contra las decisiones, gubernamentales o judiciales, orientadas a perseguir penal o administrativamente a los responsables del proceso independentista y que fueran susceptibles de ser calificadas como delito de lesiones o contra las garantías constitucionales por parte de funcionarios públicos.
Así, quedaría apartada del ámbito de la amnistía cualquier causa que tuviera que ver con acusación o procedimiento contra agentes que se calificara de tortura.
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