“Antes de 2012, cualquier persona que residiera en España tenía tarjeta sanitaria desde el primer momento que estaban en el país. Volver a esto es nuestra principal estrategia”, explica la presidenta de Médicos del Mundo, Nieves Turienzo. Ahora para poder tener acceso a una tarjeta sanitaria la persona tiene que demostrar que ha permanecido en el país más de 90 días, lo que en ocasiones es difícil de probar. Turienzo considera que desde la aprobación del real decreto del PSOE en 2018 se han dejado sin atender a 4.200, según datos de los casos que han llegado a su organización. “Unos 1.500 han sido durante la pandemia”, añade.
Tanto Médicos del Mundo como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública forman parte de la alianza Reder, una entidad que busca recuperar la sanidad universal. Los datos que ha recogido Reder coinciden con los de Médicos del Mundo: 4.174 casos, de los cuáles 1.542 corresponden con el período de pandemia. “Nosotros no tenemos datos sobre la totalidad de las personas que están sufriendo la exclusión sanitaria. Nuestras cifras son los casos que nosotros hemos detectado”, el técnico de incidencia política de Médicos del Mundo y miembro de la coordinación de Reder, Pablo Iglesias Rionda.
¿Quién se queda fuera de la atención sanitaria?
La legislación actual deja fuera de la sanidad pública a aquellas personas migrantes en situación irregular que no lleven más de 90 días en España y a los reagrupados ascendientes, que, aunque acceden al territorio de manera regular, no tienen acceso a la tarjeta sanitaria.
“Es muy difícil de probar para mucha gente el hecho de llevar determinados días en el país. No todo el mundo se puede empadronar o tiene acceso a un contrato de alquiler”, detalla Iglesias. En este sentido, con la pandemia, aunque hayan permanecido el período necesario en el país muchos no han podido recibir su tarjeta sanitaria. “Es el requisito indispensable para que te atiendan, pero ha habido muchas administraciones que han estado en teletrabajo y esto ha complicado que se mandaran las tarjetas”, detalla Nieves Turienzo: “Hay autonomías que han hecho alguna excepción y han facilitado una tarjeta para esa comunidad, pero no se podrían usar en otras partes del país”.
“También se les exige la no exportación del derecho, es decir, que tu país cubra de alguna manera tus gastos sanitarios en España”, comenta Pablo Iglesias Rionda de Reder. El problema con este documento es que muchas veces no es emitido por los consulados en suelo español y tiene que ser solicitado en sus países de origen. “Una persona que ha entrado irregularmente no se arriesga a desplazarse de nuevo a su país”, determina el técnico de incidencia política de Médicos del Mundo.
En cuanto a las personas reagrupadas ascendientes entran en España de manera regular para residir con sus hijos, muchos de ellos ya empadronados o con la nacionalidad española. A ellos se les deniega la tarjeta sanitaria porque para entrar en el país han de venir con un seguro médico. “Normalmente es un seguro de mínimos que solo cubre las cosas básicas. Y estas personas son mayores, de 70 u 80 años, que tienen muchas necesidades médicas. Se quedan totalmente desamparados”, aduce Iglesias Rionda.
Con el real decreto de 2012 del Partido Popular se incluían una serie de excepciones a la regla. Estas personas que si podían acudir a la sanidad pública eran las mujeres embarazadas, los menores de edad, las víctimas de trata, las personas solicitantes de asilo, o quienes acudieran con una urgencia grave a los servicios de urgencia. Ahora, con la legislación del PSOE se dejan al aire estas cuestiones. “Queda en manos de las Comunidades Autónomas interpretarlo. La mayoría en principio si los atienden, pero particularmente Galicia y Madrid aprovechan esta laguna para dejarles fuera”, denuncia Iglesias Rionda de Reder.
“Muchas veces cuando a una persona le atienden, le piden firmar una carta de pago, entonces ellos se dan la vuelta y se van”, detalla la secretaria de FADSPU Madrid, Araceli Ortiz: “Entonces se les deja fuera por falta de información de los sanitarios o porque los rechazan abiertamente. Si al entrar en urgencias les hacen firmar un papel de pago, hay ONGs y mecanismos para decir que la ley contempla que en el servicio de urgencias tiene que ser atendido todo el mundo”.
Los pasos que el gobierno podría estar dando ya
En octubre de 2020, las organizaciones que forman la alianza Reder mantuvieron una reunión con el Ministerio de Sanidad sobre la futura ley que plantean. “Salimos con las expectativas de que en el primer semestre de 2021 habría cambios significativos, pero a fecha de hoy no parece que sea una prioridad del gobierno”, explica la presidenta de Médicos del Mundo.
Por su parte, Araceli Ortiz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSPU) recuerda que se solicito al gobierno que diera más instrucciones al real decreto, incluyendo a todo el mundo que se quedaba fuera. “Lo que nos dijeron es que se estaba planteando en la nueva ley, pero sigue sin sacarse”, añade Ortiz. El 26 de julio de 2021, la alianza Reder hizo una manifestación para pedir al Ministerio la recuperación de la sanidad universal, desde entonces, además, les han remitido varias cartas de las que no han recibido respuesta alguna.
“La urgencia para legislar está demostrada por la pandemia que hemos vivido. En una situación de estas características el gobierno no tiene porque pasar por el parlamento y puedo aprobar un real decreto como ya hizo en 2018, y ya después legislar en el Congreso”, pide Pablo Iglesias Rionda de Reder. “El gobierno nunca hizo esto porque alego que su intención era tramitar una ley, pero ya hace tres años de esto.
