La venta de vivienda pública a un fondo buitre en la era de Ana Botella no quedará enterrada. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir el caso tras estimar los recursos presentados por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS y por el PSOE.
En concreto, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial ha dado este paso contra el auto del pasado 23 de enero, dictado por el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que dispuso el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias. Ahora se reabre para agotar la investigación.
Según el escrito, se sigue investigando los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS cuando se produjo la venta, y Alfonso Benavides, apoderado del fondo buitre Fidere.
La Cadena SER ha informado que el juez ha reclamado la apertura de juicio oral tanto contra Oslé como contra Benavides. Sobre el primero, el auto ha señalado que pudo incumplir las normas reguladoras permitiendo además el pago a la empresa intermediaria “por prestaciones que no tenían cobertura jurídica ni está probado que se ejecutaran”.
Sin embargo, donde más se hace hincapié es en la malventa de estos pisos públicos: “Cobró por la venta de inmuebles un precio inferior al mínimo jurídicamente aceptable”. Algo que, según se ha recalcado, “produjo un daño real y efectivo, económicamente evaluable e identificado en unos bienes públicos concretos”.
Así, el auto ha reseñado que Oslé incurrió, “al menos, en una negligencia grave pues ni se atuvo al canon de diligencia cualificado exigible en la gestión de fondos públicos, ni agotó los medios a su alcance profesional para prevenir y evitar el menoscabo del patrimonio público puesto a su cargo”.
Por ello, la Audiencia Provincial ha concluido que “existen indicios suficientes como para entender que entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos”.
Este revés judicial a la operación llega después de que en diciembre el Tribunal de Cuentas condenase a una multa cuantiosa tanto a Botella como a su equipo –en el que están tres nuevos diputados de la Asamblea de Madrid con Isabel Díaz Ayuso- por la venta. Ahora la Audiencia Provincial se ha apoyado en dicha sentencia para reabrir la causa.
Por el momento, Botella no se ha visto afectada de esta reapertura del caso.
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