Columpio
A Save the Children considera “Intolerable”, “inadmisible” y “vergonzoso” que el Gobierno planee reducir el gasto en Sanidad, Educación y Protección Social en uno de los países con más desigualdad de la Unión Europea y con 1.400.000 niños viviendo en situación de pobreza severa. Y recuerda que “estos niños viven en hogares que no pueden calentarse en invierno, sin consumir todos los nutrientes que necesitan, sin todo el material escolar necesario o sin poder asistir a las excursiones del colegio”.
La ONG se refiere al Plan Presupuestario para 2018 que el Gobierno ha remitido a Bruselas, según el cualel porcentaje de gasto en Sanidad pasa del 6% del PIB al 5,8%; el de Educación pasa del 4% al 3,8% y el de Protección Social pasa del 16,5% al 16,2%. Sin embargo, otras partidas como la de Defensa aumentan de un 0,9% a un 1%. Estos porcentajes están muy alejados además de la media de inversión de la UE, que destina a Sanidad, Educación y Protección Social un 7,2%, un 4,9% y un 19,6% respectivamente.
“La lucha contra la pobreza infantil se ha vuelto a quedar fuera de las prioridades del Gobierno, que en los últimos Presupuestos Generales del Estado tan solo destinó 25 millones de euros a tal fin, lejos de los 1.000 con los que se había comprometido en el pacto de investidura, ”, denuncia Andrés Conde, director general de Save the Children, quien recalca que el Ejecutivo ahora” vuelve a ignorar este asunto reduciendo las partidas de Sanidad, Educación y Protección Social, que inciden directamente en la vida de la infancia más desfavorecida”
“No podemos tolerar que estas partidas disminuyan si, además, hay dinero para aumentar otras partidas como la de Defensa, se queja Conde, para quien “la recuperación económica tiene que tener rostro de niño y las administraciones tienen que hacer un esfuerzo de discriminación positiva con las familias más vulnerables para lograr la equidad”.
Por ello, Save the Children pide al Gobierno que, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, aumente considerablemente el gasto en las partidas de Educación, Sanidad y Protección Social, teniendo como referencia la media de la Unión Europea. La ONG exige, además, entre otras medidas, que dentro de la partida destinada a Protección Social se incluya el aumento de la prestación social por hijo a cargo para las familias en situación de pobreza de los 24,25€ actuales que reciben al mes hasta los 100€ por cada hijo. En este sentido la ONG recuerda que tiene en marcha una petición al respecto para pedir al Gobierno que aumente esta prestación y que cuenta ya con más de 10.000 apoyo.
Los sindicatos también han criticado el hecho de que el Plan Presupuestario del Gobierno prevea menos gasto en sanidad, educación y protección social (entre 2 y 3 puntos porcentuales menos sobre el PIB, denunciando que “la cicatería social del Gobierno profundiza la brecha que nos separa de nuestros socios europeos en cuanto al gasto social
UGT considera “injustificable que el Gobierno pretenda dar continuidad a las políticas de ajuste social que ha venido practicando durante los últimos cinco años mientras hace alarde de liderazgo europeo en crecimiento económico. Y considera inaceptable “después de tres años consecutivos con crecimientos del PIB por encima del 3%, y en un momento en el que los beneficios empresariales ya están en los mismos niveles que antes de la crisis”, las políticas presupuestarias del Gobierno de España continúen escatimando recursos económicos para financiar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
CCOO se centra especialmente los recortes en educación y se queja de que el Gobierno ha situado a la educación española en los niveles de inversión de hace 25 años y” confunde, intencionadamente, la eficiencia del gasto con los recortes puros y duros”.
CCOO denuncia que “con las políticas del Gobierno se resta la inversión y se multiplica la pobreza. El resultado es catastrófico para una parte muy importante de la ciudadanía. Menos inversión en educación da lugar a más estudiantes con necesidades, más gastos para las familias, mayor exclusión social y desigualdad y una fractura alarmante en la equidad”.
El sindicato también se queja de” la doble moral de las instituciones europeas competentes en el tema, que están permitiendo a países como España políticas de desinversión que empobrecen aún más a los sectores más débiles de la sociedad, y están generando nuevas capas de población en los umbrales de la pobreza”.
“Una educación inclusiva, de calidad, basada en la equidad necesita una financiación notable, suficiente, adecuada y sostenida en el tiempo” en opinión de esta organización sindical que avisa de que” cada euro que se deja de invertir en educación están sirviendo para generar exclusión, desigualdad, pobreza y fractura social”.
Por ello, exige al Gobierno revertir los recortes en educación de manera urgente y asegurar una inversión educativa que se sitúe en la media de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, el sindicato defiende que en una legislatura ha de alcanzarse el 5 %, siendo el objetivo a medio plazo el 7 %.
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