Durante el Consejo, en el que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se ha determinado que las partidas irán asociadas al presupuesto de Sanidad en el marco del componente 18 destinado al «aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias».
Así, según ha explicado el departamento dirigido por Carolina Darias en un comunicado, se pretende reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud en un ejercicio conjunto con las comunidades autónomas, cuyo objetivo reside en «prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales», así como «garantizar que todas las personas tengan las máximas oportunidades de desarrollar y preservar su salud».
En concreto, la financiación aprobada para el sistema de información de vigilancia en Salud pública contará con una dotación de 27,4 millones de euros previstos para los años 2021, 2022 y 2023.
Además, incluye una inversión de ocho millones de euros para el nodo central del sistema y 16,2 millones de euros para «desarrollar en cada comunidad autónoma los componentes de la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública que incluye inversión a nivel central y autonómico».
Según ha apuntado el Ministerio, el objetivo principal de la mejora de la Red de Vigilancia en Salud Pública es «ampliar e integrar los sistemas de información de enfermedades transmisibles y no transmisibles existentes en España», lo que incluye el equipamiento y las herramientas tecnológicas que le dan soporte.
En este sentido, el sistema pretende aprovechar «todos los desarrollos e infraestructuras del Nodo Central del SNS», así como «los mecanismos actualmente en uso para el intercambio de información administrativa y clínica», refiriéndose tanto a los mecanismos en la recepción de datos «remitidos desde fuentes primarias», como los que dan soporte a la Tarjeta Sanitaria Individual, Receta electrónica e Historia Clínica del SNS.
Las actuaciones sujetas a financiación se han definido en el marco de la Ponencia de Vigilancia Epidemiológica, el grupo técnico de la Comisión de Salud Pública constituido por representantes de las comunidades autónomas. Concretamente, durante la reunión mantenida el pasado 28 de septiembre, donde se debatió y aprobó la propuesta de los criterios de reparto para la Red de Vigilancia en Salud Pública para este año.
De esta manera, según se ha explicado, la distribución a las CCAA y ciudades autónomas se hará, por un lado, en un 40% de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada comunidad autónoma y a Ceuta y Melilla y, por otro lado, un 60% se distribuirá por criterios poblacionales, según las cifras del padrón referidas al 1 de enero de 2020.
El Consejo Interterritorial también ha acordado la distribución de cuatro millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas con el fin de «incentivar la promoción de la salud y prevención del cáncer» en el marco de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.
La partida prevista para el año 2021, según ha desarrollado sanidad, será distribuida siguiendo como criterio la población diana de estas actuaciones según las cifras del padrón de 1 de enero de 2020.
Entre sus objetivos, persigue que se lleven a cabo actuaciones que favorezcan la detección precoz de esta enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano en el conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, se ha detallado.
Respecto a los fondos, se destinarán a cribado de cáncer colorrectal en personas de 50 a 69 años y de cáncer de cuello de útero a mujeres de 25 a 65 años. Con lo que se pretende «financiar los costes no médicos vinculados a la invitación a participar en esta campaña».
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