El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión plenaria en el Congreso, en Madrid (España)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que «en ningún caso» habrá una necesidad de decisiones por unanimidad respecto al fondo europeo de reconstrucción, por lo que «no hay capacidad de veto» de los Estados miembros, al tiempo que ha asegurado que el plan de reformas e inversiones de España está «en consonancia» con las peticiones de la Unión Europea.
Además, ha remarcado que España ha sido «determinante» para alcanzar el acuerdo, que supone una «enorme oportunidad» para retomar el crecimiento sobre pilares «más sólidos y sostenibles».
Así lo ha señalado durante su comparecencia a petición propia en un Pleno extraordinario en el Congreso para informar de los últimos Consejos Europeos celebrados el 23 de abril, el 19 de junio y entre el 17 y el 20 de julio y sobre el fondo de reconstrucción europeo acordado en la última reunión de hace una semana.
Sánchez ha celebrado que «la esperanza venció al miedo» y «Europa encontró su lugar» con el impulso de una suerte de Plan Marshall ante «la mayor calamidad del último siglo», gracias a que Europa «vuelve a ser Europa» y ha logrado un «éxito absoluto» histórico para dar respuesta al a crisis de 2020, a diferencia de la respuesta «no adecuada» de 2008.
Así, ha subrayado que España está ante una «enorme oportunidad» de retomar la senda de crecimiento sobre pilares «mucho más sólidos y sostenibles» para hacer realidad el objetivo del Gobierno, que pasa por que «las prioridades de Europa son las prioridades de España» y por que en el horizonte no se sigan percibiendo ayudas, sino que España pueda usar esos recursos para estar a la cabeza en empleo de calidad, inversión, ciencia, investigación, educación, energías renovables y un entorno económico más digitalizado.
Del fondo de recuperación europeo, que asciende a 750.000 millones de euros (390.000 millones en transferencias y 360.000 millones en préstamos), ha explicado que España recibirá un total de 140.000 millones de euros (72.700 millones en ayudas directas y el resto en préstamos).
Este plan de reconstrucción, que estará financiado por primer vez por una emisión de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea y tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros, ha apuntado Sánchez, admitiendo que se han producido «ajustes» a la baja sobre el montante del presupuesto, si bien la cifra final de respuesta se sitúa en los 1,8 billones de euros, cercana a los dos billones que reclamaban de partida.
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno tenía su proyecto de país «cimentado en transformaciones» y que la pandemia «no ha cambiado las prioridades», sino que las ha «reforzado y consolidado» y están «alineadas» con las tranformaciones recogidas en la agenda política de la UE, que pasan por la digitalización, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
CONDICIONALIDAD Y CAPACIDAD DE VETO
Sobre la condicionalidad de los fondos, ha asegurado que España desde el primer momento apoyó la necesidad de supervisión, porque ayudaría a acelerar las reformas del Estados miembros, pero insistió en que se tratase de un proceso «ágil» y que permitiese la absorción de recursos y la apropiación nacional de las medidas «sin vetos de ningún tipo».
«Eso es exactamente lo que se ha acordado», ha aseverado Sánchez en referencia a un procedimiento «perfectamente pautado» que fija que cada Estado presente un plan de inversiones y reformas sobre la base de criterios acordados «entre todos» los Estados, con paticular relevancia a la transición verde, la mejora de la educación y el capital humano y medidas que favorezcan el crecimiento a medio plazo.
«Nuestra agenda de reformas está en plena consonancia con la estrategia de desarrollo contemplada por la UE», ha añadido.
El presidente del Gobierno ha avanzado que el Ejecutivo lleva varias semanas trabajando en el plan de reformas e inversiones para presentarlo en la Comisión Europea para su evaluación y proceder a la aprobación por parte del Consejo Europeo.
Además, ha afirmado que la condicionalidad en el desembolso de los fondos quedará circunscrita al cumplimiento de metas e hitos del plan elaborado por el Gobierno y acordado por la comisión.
Para hacer posible el acuerdo, ha detallado que se introdujo la cláusula de freno de emergencia, que significa que un Estado miembro puede solicitar y tiene que hacerlo de manera motivada, un debate político en el Consejo Europeo en caso de considerar que otro país incumple «flagrantemente» las metas y reformas comprometidas con la Comisión.
«En ningún caso habrá necesidad de decisiones por unanimidad y por tanto no hay capacidad de veto», ha aseverado.
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