Según la información consultada por Europa Press, la disputa entre el Gobierno del Veneto y SIS (Sacyr y Fininc) afectaba al plazo a partir del cual la Administración debía pagar al concesionario la tarifa de disponibilidad.
Esta última interpretación respalda la postura del Gobierno, que defendía que el plazo comenzara en enero de 2024 (cuando entró en operación), frente a las pretensiones del consorcio para que el inicio del pago se remontase a 2020, cuando empezó la construcción.
De esta forma, en vez de un pago de 198 millones de euros, SIS recibirá 154 millones, unos 44 millones menos de lo esperado inicialmente.
La vicepresidenta del Véneto, Elisa De Berti, ha celebrado esta decisión del Colegio Consultivo Técnico de la región, ya que supondrá liberar estos recursos económicos, que fueron provisionados por prudencia.
Pese a la discreta cantidad de los fondos que dejará de obtener frente a los 2.400 millones de euros que Sacyr cotiza en bolsa (además de que su participación en el consorcio es del 49%), la acción se ha resentido este lunes. En concreto, los títulos de la compañía han perdido un 5,24%, hasta los 3,112 euros cada uno.
La autopista en cuestión es la Pedemontana-Veneta, cuya inversión asciende a 2.600 millones de euros. El proyecto requirió la construcción de 162 kilómetros: 94 de ellos corresponden a la vía principal, que comunica 38 municipios y el área industrial de Vicenza y Treviso, y 68 kilómetros a accesos secundarios.
