ayuso
“El complemento económico se está aplicando con criterio discrecional, sin negociación, sin información a las organizaciones sindicales de los términos por los que se abona, a quien se les abona y con qué argumentos y condiciones se otorga”. Así lo denuncia CCOO, que defiende que esta decisión, anunciada por la propia Ayuso y aplicada de inmediato por la Consejería de Hacienda sin negociar en la Mesa General de empleados públicos, era una “prebenda”.
Además, asegura, se había implementado saltándose la tutela del derecho fundamental a la libertad sindical, por lo que presentó demanda.
El juez ha estimado, en parte, el recurso de CCOO contra la inactividad de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y declara expresamente que ha vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical. El fallo judicial dispone que se retrotraiga el procedimiento, para que se lleve a efecto la procedente negociación colectiva.
Sin embargo, el magistrado no considera que haya existido vulneración del derecho fundamental a la igualdad jurídica, que también denunció CCOO. La Comunidad de Madrid puede apelar el fallo en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la notificación de la sentencia.
El sindicato señala que se trata de una medida que busca “seguridad jurídica” para los y las profesionales que trabajan en el sector público de organismos de la Comunidad de Madrid y que, “al margen de la ilegalidad manifiesta con la que se ha modificado el complemento específico, sin someterlo a información, discusión y negociación en la Mesa General de Empleados Públicos, porque la discrecionalidad y la falta de transparencia en la medida convierte el complemento específico en una ‘prebenda’ de la Administración que puede manejar a su antojo”.
“El planteamiento realizado por la Comunidad de Madrid y ahora revisado por la sentencia”, detalla en una nota, “permitiría cobrar el complemento de talento, por ejemplo, a gerentes de hospitales, directores de Direcciones Territoriales de Educación, dejando fuera, entre otros, a personal médico y de enfermería, investigador o profesores y profesoras del sistema público”.
El sindicato CSIT UNIÓN PROFESIONAL ya denunció el “sectarismo retributivo” del Gobierno de Ayuso con una subida retributiva que cifró en unos 8.000 euros de media anual, bajo el título de “reconocimiento del talento”, solo a los empleados públicos con niveles del 26 al 30.
“Mediante esta aplicación restrictiva y sectaria, según la Comunidad de Madrid, 4.000 empleados públicos tienen talento y así se lo reconoce, frente a 156.000 que carecen de talento y no hay nada que reconocer, ni sus puestos necesitan hacerse atractivos”, criticó al conocerse la medida. El 98% de los funcionarios se quedan fuera de este ‘premio’.
En su opinión, el Ejecutivo autonómico “desprecia la profesionalidad y el talento del grueso de sus empleados públicos adscritos a servicios esenciales como sanidad, salud pública, educación, servicios sociales, emergencias, empleo, vivienda, infraestructuras y transporte, medio ambiente, etc., que no van a ver revisadas sus retribuciones”.
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