Rodrigo Rato en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
«No debería ser este el momento procesal para plantear una nueva causa, ante la endeblez de la efectivamente realizada, amparándose en la impunidad del papel institucional que nuestro ordenamiento jurídico otorga a los fiscales», señala Rato en un comunicado remitido a Europa Press.
«Ante la omnipotencia e impunidad constante de determinadas instituciones de nuestro sistema de Justicia, no puedo sino sentirme completamente indefenso. Reitero mi inocencia de los delitos que se me atribuyen», afirma el expresidente de Bankia.
Para el ex director gerente del FMI, «resulta increíble que una institución pública de la Justicia española utilice estos modos para atacar y dañar la imagen y el honor de una persona».
Rato alude así a la nota publicada este martes por la Fiscalía Anticorrupción sobre su escrito de acusación en la causa que se sigue contra Rato en el Juzgado número 31, y en el que solicita que el exbanquero sea procesado por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, uno de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
«Antes de dar a conocer el escrito de acusación y por lo tanto darme capacidad de defensa, la Fiscalía Anticorrupción divulga sus argumentos en una nota de prensa, algo especialmente excluido en un procedimiento sumario», indica el exministro de Economía.
En este sentido, recuerda que en su discurso con motivo del año judicial de 2020, la Fiscal General hizo alusión a un inminente Código de Buenas Prácticas que Rato espera contenga reglas «respecto a la divulgación selectiva y filtración interesada». «Divulgar notas de prensa en lugar de la totalidad de los escritos no protege ningún bien público ni derechos, sino todo lo contrario», lamenta.
En cuanto al fondo de la acusación de la Fiscalía, según Rato, recoge principalmente hechos y supuestos delitos que no han sido objeto de la instrucción, «yendo contra el propio criterio del instructor, único director del proceso, que ya ha decidido qué hechos habrían quedado indiciariamente acreditados» en una instrucción que ha contado con 12 millones de documentos requisados, 6 años de duración y 16 informes de la Onif, con los prórrogas de 36 meses, solicitadas por la fiscal, «durante las cuales no se practicó ninguna diligencia».
«Más aún, algunos de estos hechos y delitos han sido expresamente descartados por el instructor, que a lo largo de estos años ha calificado por tres veces las propuestas de la Fiscal de investigación prospectiva, actividad prohibida por ley, pero sorprendentemente no definida penalmente», señala.
Según denuncia Rato, en esta causa, como puso de manifiesto ante el instructor en febrero de 2021, además se ha llevado a cabo una «investigación prospectiva, paralela y secreta», denominada ‘Operación Tajuña’, «a espaldas de la defensa», durante años, por parte de la fiscal, la UCO, el Sepblac y al menos un miembro de la ONIF, a la sazón auxilio judicial en la causa.
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