“Año tras año se ponen de manifiesto las grandes diferencias entre territorios”, critica la citada asociación, que denuncia que esto supone “una gran desigualdad de oportunidades reales para hace efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia”.
A la cabeza en gasto por habitante en servicios sociales está el País Vasco, que roza los 1.000 euros. En concreto, dedica 961,9 euros. En el lado contrario, Murcia, con 366,8 euros. Sin considerar las comunidades con régimen foral, Extremadura se sitúa en el primer puesto con 633 euros, lo que se traduce en un 72,6% más que en Murcia.
Respecto al porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas destinan a servicios sociales, Extremadura triplica el de Murcia: 2,96% frente al 1,02%.
“Estas diferencias de gasto se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios”, afirman las directoras y los gerentes, que explican que, por ejemplo, el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (5.645) es más de ocho veces superior a Navarra (684).
Asimismo, el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (59,49%) es casi 100 veces superior al de Castilla-La Mancha (0,63%). A esto hay que añadir que el porcentaje plazas residenciales públicas para personas mayores de 70 años es 4,7 veces superior en Castilla y León (8,22%) que en Valencia (1,76%).
Por otra parte, Andalucía, con el 13,24%, ofrece una cobertura 21 veces mayor de ayuda a domicilio que Extremadura (0,62%) y el 23,4% de las personas mayores de 70 años tienen teleasistencia domiciliara en Castilla-La Mancha, diez veces más que en Extremadura (2,15%).
Según el Índice DEC, la cobertura del servicio de ayuda a domicilio apenas ha variado desde el año 2010: sólo 8 décimas, del 4,7% al 5,5% de personas mayores de 65 años (7,6% si la referencia es sobre mayores de 70 años). “Su intensidad es también muy baja, con una media de 20,2 horas mensuales, sólo 3,3 horas más que en 2010, y casi una hora menos que en 2012”, destaca la asociación de directoras y gerentes.
En relación únicamente a la ayuda a domicilio que se ofrece como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, “su intensidad media es de 33,6 horas/mes: 15,3 horas para los dependientes Grado I, 37,1 para los Grado II y 57,3 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos”. Algo que, aseguran, “es claramente insuficiente ya que, según considera la propia ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria”.
La cobertura de los centros de día “muestra una escasa o nula evolución, ya que desde 2010 se mantiene, con una ligera reducción de 8 centésimas, en un 0,7% de las personas mayores de 65 años (0,96% si la referencia son las personas mayores de 70 años), lo que muestra que sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada, casi marginal”.
Por su parte, la teleasistencia “es el único servicio que muestra una cierta evolución en estos 12 años, 2,1 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 10,2% de las personas mayores de 65 años (14,1% sobre personas mayores de 70 años).
No obstante, este informe apunta que el Plan de Choque para la dependencia se marcó como objetivo “establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiaría toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio”.
“Pues bien, en 2023 sólo ha aumentado 37.825 servicios de teleasistencia, quedando 760.000 personas por alcanzar la cobertura del 100%, lo que significaría que, a este ritmo, se necesitarían 23 años para alcanzar el objetivo previsto”, advierte. Los últimos datos, correspondientes al pasado mes de mayo, “dicen que sólo hay 479.492 con teleasistencia de las 1.169.777 que reciben prestaciones en su domicilio (40,6%); se planteaba alcanzar el 100% en diciembre de 2022”.
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