Con un inminente debate para reformar la financiación autonómica en el horizonte, el Congreso aprueba hoy las leyes del Concierto Económico y del Cupo vasco, avaladas por última vez en 2014 y sin acuerdo para su renovación desde 2002. Será su aprobación con más votos en contra en la Cámara (36 diputados entre Ciudadanos y Compromís).
El Concierto Económico es el sistema de financiación propio del País Vasco, que mantiene un sistema especial derivado de las Haciendas Forales que se abolieron en el siglo XIX. El pacto recoge las obligaciones financieras y tributarias entre el Estado español y Euskadi, que recauda sus propios impuestos, y está recogido en la Constitución de 1978.
El primer Cupo fue fijado por el Gobierno español en 1878, al finalizar la II Guerra Carlista. Las maltrechas arcas del Reino de España en ese momento facilitaron alcanzar el acuerdo con unas provincias que por entonces tenían capacidad de recaudación y gasto.
El Cupo vasco es el concepto económico incluido en el Concierto que determina lo que Euskadi debe pagar al Estado para sufragar las competencias que no están transferidas a la región. Estos servicios se prestan desde el sistema central y también benefician a los ciudadanos vascos, y se denominan “cargas no asumidas”. Son prestaciones para capítulos como Defensa, la Corona, Exteriores, prisiones o la Seguridad Social, entre otras. El País Vasco adeuda cada año al Estado la parte que le toca para sufragar estas competencias, ya que esta región recauda sus propios tributos.
El Cupo se pacta cada cinco años, aunque no se ha renovado desde 2007 y la última vez que se avaló fue en 2014. En los últimos diez años los Gobiernos vasco y español no han alcanzado ningún acuerdo porque Vitoria consideraba que había pagado 1.600 millones de más.
Se estima a tenor del peso del PIB del País Vasco respecto a la riqueza estatal. Según el Concierto Económico, esa proporción se cifró en el 6,24%, un porcentaje que se pactó en 1980 y que el año pasado Vitoría pretendía rebajar por entender que el peso de la economía vasca ha caído al 6,1% del total y que, por tanto, estaba pagando de más, aunque las discrepancias se cerraron en un acuerdo el pasado mes de mayo y que se legislan hoy en el Parlamentoo.
El proyecto de ley de Cupo vasco que aprobará el Congreso este jueves fija en 1.300 millones de euros lo que Vitoria debe pagar a Madrid. Pero a esta cantidad hay que descontar las políticas activas de empleo que sí están transferidas a la región. Con ello, la cantidad se queda en 956 millones, 540 millones menos que el fijado en el Presupuesto de 2016.
Por otro lado, en los acuerdos de mayo el Gobierno pactó asumir las quejas de Euskadi sobre que estaba aportando de más: por ello el Ejecutivo se comprometió a devolver 1.400 millones por las discrepancias desde 2007. Tal compensación se materializará descontando cada uno de los próximos cinco años al total del Cupo un porcentaje de esa ‘deuda’ de Madrid. En 2017 se descontará un 10%, porcentaje que irá subiendo progresivamente hasta el 30% de 2021.
En las Comunidades Autónomas del régimen común es la Agencia Tributaria la responsable de recaudar la mayoría de impuestos, de manera que ese total se reparte luego, desde el Estado central, a las regiones.
En el País Vasco esta función recae sobre las diputaciones forales, que recaudan todos los impuestos de la región y parte de los cuales el Gobierno autonómico transfiere al Gobierno central para pagar las competencias no asumidas, según el cupo pactado.
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