En un escrito conjunto de 86 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa también solicita que se aparte a sendos magistrados de los recursos de amparo mixtos interpuestos por los recusantes contra distintos acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC).
Consideran además que las condiciones de su designación como magistrados -ambos a propuesta del PP- “obliga a un examen detenido de las circunstancias que concurren” en su caso, recordando además que la “imparcialidad judicial es una exigencia obligada” que deriva de la Constitución, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Tanto Arnaldo como Espejel accedieron al Pleno del Tribunal Constitucional a raíz del acuerdo alcanzado por PSOE y PP para la renovación parcial de la corte de garantías. Ya cuando se conoció que eran los nombres propuestos, se puso el acento en que Arnaldo había colaborado con la Fundación FAES, afín al PP, y se puso de relieve que Espejel, quien fuera presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue recusada en septiembre de 2015 junto al actual consejero madrileño Enrique López para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el ‘caso Gürtel’.
Para argumentar su petición Puigdemont y los exconsellers ponen en el foco a Arnaldo, a quien acusan de “pedir mediante la firma de un manifiesto que cayera ‘todo el peso de la ley’ sobre los recusantes como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la causa política” del 1 de octubre, relacionada con el intento de secesión del independentismo.
Recuerdan además que Arnaldo “llegó a tildar de ‘enfermos del sectarismo’ a quienes discreparan de la decisión” del que fuera fiscal general del Estado, José Manuel Maza, “de interponer una querella criminal por el delito de rebelión” contra los dirigentes separatistas que participaron en la celebración del referéndum de autodeterminación.
Todo ello en su libro ‘Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder’, en el que Arnaldo muestra “su animadversión hacia los recurrentes en amparo, así como su parecer favorable al hacer de su amigo Manuel Marchena como Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.
La defensa apunta también que, en otros extractos, Arnaldo se refiere a los recusantes como “instigadores de una demanda instrumentalizada con un objetivo perturbador de la instrucción de la causa penal abierta a la que el Tribunal Supremo ha dado ya respuesta” y calificando de “huidos”, entre otros, a Puigdemont y los exconsellers.
Y en contra de Espejel, el escrito pone de relieve su “estrecha relación con el Partido Popular”. “Que ha dado lugar, incluso, a que haya venido siendo conocida comúnmente en los medios de comunicación en los últimos años por el apelativo ‘querida Concha’ que le dedicó la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal”, aseveran.
Así las cosas, también solicitan su recusación aludiendo a la labor de Espejel en la Audiencia Nacional. “No resulta, pues, inocua la participación Espejel en su empleo de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el enjuiciamiento de la causa a la que anteriormente nos hemos referido”, afirman.
Este escrito se suma al presentado por la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, del exconsejero catalán Raul Römeva y de la exconsellera Dolors Bassa, que solicitaron que se apartase a ambos del estudio de los recursos contra la sentencia del Supremo por el proceso independentista en Cataluña al considerar que ambos adolecen de sesgo ideológico para conocer de esos recursos.
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