“Vamos abordar la modificación de la ley de mordaza, pero únicamente la parte referida a los delitos por calumnias”, ha afirmado la ministra portavoz, Pilar Alegría, preguntada al respecto en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Asimismo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que “estamos hablando de delitos de injurias y calumnias”. “La parte de la ley mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión”, ha apuntado.
El Ejecutivo no está hablando de este tema únicamente con su socio de coalición. Según Montero, “otras materias de ley mordaza se están discutiendo con otros grupos” y ha insistido en que el pacto con sumar se cierne a los “delitos de injurias y de calumnias”.
En este sentido, fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz han señalado que el acuerdo suscrito con el PSOE pasa por incluir en el paquete de Medidas de Democratización del Estado, que este miércoles presenta Pedro Sánchez en el Congreso, el “inicio de la derogación de las leyes mordazas”. “Las leyes mordazas son un conjunto de normas (Ley de Seguridad Ciudadana y artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión) y con este acuerdo”, afirman, “comenzamos a derogarlas desmontando algunas de las cuestiones más urgentes”.
Los detalles del acuerdo son la modificación Ley Orgánica Seguridad Ciudadana, con un nuevo redactado de su artículo 36 para que “ahora el delito de difundir imágenes debe ser constatable”.
Además, contempla una reforma del Código Penal para “proteger” la libertad de expresión, Respecto a esto, se suprime el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525 del Código Penal. A esto hay que añadir la derogación de los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, y se derogan las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, Ejército, que se recoge en el artículo 504.
Por último, una modificación de la ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esto último es para incluir una “reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada”, exponen fuentes de Sumar.
Publicidad institucional
Asimismo, la también líder de Sumar ha avanzado que los socios del Ejecutivo han acordado una ley “que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública”.
“Estoy hablando de la ley de publicidad institucional”, ha expuesto Díaz, quien ha resumido que “se acabó la financiación pública para los pseudoperiodistas en nuestro país”.
