En concreto, los servicios jurídicos indicaron que, ante la ausencia de precedentes similares, la Mesa del Congreso puede adoptar cualquiera de las posibilidades en su mano: dar trámite a la iniciativa tal y como está, incluir una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite.
Eso sí, los letrados subrayan que al tratarse de una proposición no de ley sin efectos jurídicos y que no obliga al Gobierno a cumplirla, no veían obstáculo para su debate en el Pleno del Congreso.
Pero la mayoría de la Mesa ha preferido darse más tiempo para resolver dado que su decisión marcará preferente. Lo ha hecho con la oposición del PP, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Los ‘populares’ mantienen que no hay argumentos para vetar su tramitación.
Según el informe de los letrados, que no es vinculante, dado que no hay precedentes de una proposición no de ley que inste al jefe del Ejecutivo a utilizar un instrumento (la cuestión de confianza) que sólo a él le corresponde activar, debe ser la Mesa la que fije un criterio que sirva también para futuras decisiones sobre textos similares.
DE ADMITIRSE, NO SE DEBATIRÍA HASTA FEBRERO O MARZO
Dada la trascendencia de la decisión, puesto que sentaría doctrina, y el hecho de que, aunque se le diera trámite no podría debatirse en el Pleno como pronto hasta avanzado febrero, los dos partidos que integran el gobierno de coalición, han optado por posponer su decisión.
Así las cosas, la previsión es que la Mesa no decida al respecto hasta después del paréntesis navideño, es decir en enero, y, en todo caso, el órgano de gobierno de la Cámara no ha solicitado más documentación a los letrados.
