Fachada del Congreso de los Diputados
El hecho de que el proyecto de Ley de Deporte no cerrara la puerta a alterar el reparto de los derechos del fútbol soliviantó a 39 de los 42 clubes de primera y segunda división, que avisan de que está en juego el contrato millonario que la Liga firmó con CVC e incluso amenazan con una huelga. Sólo Real Madrid, Barcelona y Athletic, que no son sociedades anónimas, se mantienen al margen de la protesta.
Estos 39 clubes habían acordado unas enmiendas con el PP para blindar ese reparto colectivo, pero finalmente se retiraron. Pero Ciudadanos y Compromís lo han vuelto a intentar con una enmienda conjunta para asegurar que se respeten los contratos en vigor y que no se permitan aventuras como una Superliga europea.
«Esta comercialización (de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales) siempre se hará de cada una de las competiciones que organice en su conjunto y nunca por separado de cada uno de los clubes o SAD que participen en ella. En el ejercicio de la función de comercialización referida se deberá, en todo caso, respetar la adecuada proporcionalidad entre todos los clubes», figura en la enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press.
Y añadían una segunda cláusula de exigencia para las ligas profesionales: «Ejercer actividades de carácter económico y destinar sus bienes y derechos a actividad y fines que guarden relación con su naturaleza, competencias y objeto social».
Sin embargo, la enmienda transaccional ha sido rechazada con los votos del PSOE y del PP. Los ‘populares’ han justificado su voto alegando que este asunto esta en los tribunales, pendiente de decisión judicial, y que podría tener «efectos delictivos» aprobar un texto legal que luego fuera desautorizado por un juzgado, según ha explicado el diputado Javier Merino. Por ello, prefieren mantener en vigor la previsión legal que rige desde 1990.
Desde el PSOE, el diputado socialista Juan Luis Soto ha dicho reconocer la importancia de las ligas profesionales como industria y ha asegurado que seguirán apostando por el diálogo.
Además del PSOE y del PP, también Unidas Podemos ha votado en contra de la enmienda al pactar con los socialistas una transaccional que obliga a las federaciones a reconocer a todos los efectos la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, «sin prejuicio de los derechos e intereses legítimos de las entidades deportivas y de las personas que participen».
En la misma enmienda pactada por PSOE y Podemos se especifica que para la organización de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, «no se podrá establecer relación comercial con un deportista en activo susceptible de participar en la misma», lo que evoca la polémica por los derechos de la Supercopa que la federación contrató con la empresa del futbolista Gerard Piqué, disputada en Arabia Saudí.
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