En un escrito del PSOE, al que tuvo acceso Europa Press, se reclama la práctica de diligencias a la vista del informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, firmado el 22 de diciembre de 2023, obrante en el procedimiento.
Así como conforme al preliminar análisis de parte de la documental obrante en el mencionado informe de la Agencia Tributaria con aproximadamente 1.500 archivos, entregado a esta parte el pasado 12 de junio, lo que, a juicio de esta parte, ha hecho “imposible el análisis completo de la documental contenida en el mismo”.
Por ello, se interesa que se proceda a la suspensión de las declaraciones señaladas para el día 24 de junio de 2024, para poder tener adecuada instrucción de todos los documentos que conforma el procedimiento de cara a los interrogatorios previstos.
Desde Más Madrid señalan que habría indicios de más delitos que requieren más tiempo de investigación y estudio con el fin de una posible ampliación del delito fiscal, falsedad documental, delito contable.
Alberto González Amador tiene previsto comparecer este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado también para este lunes al resto de investigados después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados en la causa, recoge la citada agencia.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”.
