«Polonia no apoya la directiva», ha señalado la secretaria de Estado polaca, Magdalena Rzeczkowska, en su intervención en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE que se ha celebrado en Luxemburgo, argumentando que la reforma planteada por la presidencia francesa sobre la directiva no incluye las garantías que reclamada de que vaya a estar vinculada a la implementación de la nueva fiscalidad digital.
El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha mostrado su rechazo a los argumentos esgrimidos por Polonia para no apoyar la directiva y ha incidido en que «se han tenido en cuenta todas las críticas planteadas por Polonia» en la reforma, que plantea vincular la fiscalidad mínima a la fiscalidad para que los gigantes digitales paguen impuestos donde tengan actividad, a través de una declaración conjunta que especificaba que ambas tasas «deberán ponerse en práctica lo antes posible».
La aprobación de la propuesta de directiva para un tipo mínimo del 15% para multinacionales no salió adelante en la reunión de ministros de Economía de pasado 15 de marzo por la oposición de Estonia, Suecia y Polonia entre otros Estados Miembros. Por lo que su aprobación de emplazó al encuentro del mes de abril.
Entre las reservas manifestadas por los países de la UE se mencionó el corto el plazo previsto para la transposición de la normativa, previsto para 2023, o la vinculación de la transposición del impuesto mínimo de sociedades del 15% al otro pilar de la propuesta de Bruselas, la nueva tasa para que los gigantes digitales paguen impuestos donde tengan actividad.
Así es que en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de este martes, Polonia no ha aceptado la solución planteada para vincular ambas tasas al considerar que «no es suficiente» y que ese vínculo debe ser jurídico, una idea que Le Maire ha tildado de «imposible» argumentando que el impuesto mínimo del 15% es una «directiva europea» y la tasa digital es un «acuerdo internacional».
Fue a finales del pasado año cuando el Ejecutivo comunitario presentó una propuesta de directiva que asegure un tipo mínimo del 15% de impuesto de sociedades para las grandes empresas, una propuesta que recoge el compromiso de la UE con la reforma pactada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La propuesta de directiva afectará a grandes compañías, tanto nacionales como multinacionales, y del sector financiero, con ingresos de más de 750 millones y con una filial o empresa subsidiaria en algún Estado miembro de la UE.
Este tipo impositivo mínimo funcionará como un complemento tributario, en caso de que el tributo no sea aplicado por algún Estado miembro y la intención es que sea efectivo también para las filiales que operan en paraísos fiscales fuera del mercado comunitario y que no apliquen reglas equivalentes.
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