Este paso se da después de “varios meses de estancamiento”, en los que las organizaciones de vivienda -la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas y el Movimiento Nadie Sin Hogar– han estado alertando de la necesidad de aprobar una nueva Ley de Vivienda que “dé respuesta a la crisis estructural de vivienda, ponga fin a los desahucios y garantice el acceso a la vivienda con medidas como la regulación de los alquileres”, señala el Sindicato de Inquilinos en un comunicado.
La propuesta de Ley se registrará el próximo jueves 30 en el Congreso y su contenido se hará público a través de una rueda de prensa frente al Congreso. Los partidos que la registrarán son Unidas Podemos, Más País, Bildu, ERC, CUP, Compromís, BNG, Junts y Nueva Canarias.
La propuesta fue trasladada jueves a los grupos en una reunión celebrada en el Congreso, en la cual estas formaciones han firmado un compromiso para registrar la próxima semana esta iniciativa como proposición de ley.
La iniciativa se registrará en el Congreso antes de que llegue la nueva Ley de Vivienda comprometida entre el PSOE y Unidas Podemos, para la cual los socios de Gobierno acumulan ya siete meses de retraso respecto a cuándo debía remitirse a las Cortes. Aunque ambos socios alcanzaron ese compromiso para impulsar los vigentes Presupuestos de 2021, el texto sigue sin ver la luz ante las resistencias del PSOE para intervenir los precios.
La propuesta de los movimientos sociales contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero también en la regulación hipotecaria y judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.
La ley establece la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y también trata de garantizar los suministros básicos, con la aplicación del principio de precaución en caso de impago, y el establecimiento de una tarifa social de agua, gas y electricidad, financiada con porcentajes de reparto entre productoras, distribuidoras y comercializadoras.
También regula la dación en pago, modifica la Ley Concursal para mejorar el derecho a una segunda oportunidad, limita la responsabilidad al bien hipotecado, e impide el embargo de la única vivienda de las terceras personas que avalen un préstamo.
Respecto al alquiler, la reforma planteada por los sindicatos y los colectivos de vivienda habilita a declarar zonas tensionadas a partir de una serie de circunstancias, como que la renta media supere el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.
Esta declaración de zona tensionada podrá ser de hasta cinco años, se podrá prorrogar año a año, y habilitará a los ayuntamientos a aplicar las medidas que consideren para determinar, a partir del índice de precios, rentas máximas en los alquileres.
También se regula en la ley la información que deben recoger los contratos de alquiler, y los gastos que deben asumir las partes. Asimismo habilita políticas de control del alquiler turístico y crea un registro de contratos para poder ser utilizado por organismos públicos para la consecución efectiva de los fines de la ley y con fines estadísticos
Otra medida pasa por habilitar a los ayuntamientos a aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías de los grandes tenedores. Asimismo, se anula el régimen fiscal especial de las Socimis, que pasarían a tributar en el régimen general.
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