«La representación del Estado en la entidad no puede asentir pasivamente a esta decisión, sino que debe usar su participación para promover un cambio en la actitud de la dirección, defendiendo el empleo y el interés público», ha subrayado el responsable de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, mediante un vídeo publicado en Twitter.
En este sentido, ha recordado que el pasado mes de septiembre ya manifestó su «desacuerdo» con la fusión entre Bankia y Caixabank, que calificaron entonces de «preocupante» y que hoy comprueban, ante este ERE, que había motivos para ello.
Y es que aparte de subrayar que esta operación «no era una buena noticia» para la competencia del estado, al «reforzarse la «oligopolización» del sector, también alertaron del impacto que podía tener en «términos de destrucción de empleo».
«Hoy desgraciadamente confirmamos nuestros temores. Estamos ante el mayor recorte de plantilla de la historia del sector bancario en España», ha insistido Álvarez.
Además, ha relatado que la sociedad española ha hecho esfuerzos «muy importantes en el pasado» y que aún se está «pagando» para «garantizar la estabilidad de los bancos en este país». Concretamente, ha aludido a que el ‘rescate’ de Bankia costó 23.000 millones de euros a todos los españoles y «no puede ser que la moneda de cambio que devuelvan las entidades sea la de los despidos y los cierres de oficinas, precisamente en un momento tan dramático como el que ahora atraviesa la economía».
Tampoco ha apreciado que sea «admisible» que en, estas circunstancias, algunos directivos de la entidad lleguen incluso a «triplicar sus remuneraciones».
Álvarez ha asegurado que no es el momento para llevar a cabo un «proceso de ajuste del empleo tan fuerte como el que se plantea» y recuerda que a este ERE, en caso de que continúe adelante, se le aplicará la denominada ‘cláusula Telefónica’, que impide que se destinen recursos públicos, vía prestaciones de desempleo, para financiar parte de su coste.
En consecuencia, Unidas Podemos demanda que la representación del Estado en el consejo de la entidad, que se cifra sobre el 16%, actúe para evitar estas consecuencias en el empleo.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó el pasado 24 de marzo, mediante orden ministerial, la fusión de Bankia y Caixabank tras haber recibido todos los informes de las autoridades competentes y tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Precisamente hoy La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha llamado a CaixaBank y a la banca en general a «actuar con responsabilidad» tras el ERE anunciado y ha afirmado que el Gobierno va a «seguir indicando, marcando claramente, una línea que, ahora que se abre un proceso de negociación, minimice el impacto negativo sobre el empleo».
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