Podemos llevará en su programa a las elecciones generales del 28 de abril “recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Para la formación morada esas operaciones se han basado “en el privilegio hasta 2015 de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de declaraciones de sus propios miembros”. De ahí que proponga una revisión a fondo las inmatriculaciones.
Según Europa Press, en el programa electoral con el que se presenta Pablo Iglesias se afirma que la Iglesia ha inscrito a su nombre bienes que “son de todos, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los romeros, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas”. Ante esto, Podemos defiende que “la salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo”.
Asimismo, la formación aboga por ‘Democratizar los partidos’ incorporando la paridad en los órganos de los partidos políticos y convirtiendo en obligatorias las primarias para acceder a presidir la ejecutiva de los mismos.
A esto hay que sumar un cambio en la regulación que facilite presentar iniciativas legislativas populares (ILP) con el objetivo de normalizar las consultas en el Estado “cuando se trate de asuntos relevantes”. Con esto se sentarían “las bases para que la participación avance en los demás ámbitos territoriales”. En el capítulo del programa denominado ‘Garantías democráticas y de ciudadanía’, recoge la mencionada agencia, se plantea medidas como la de visibilizar las ILP y normalizar consultas, como “la entrada de España en operaciones militares”.
Podemos quiere que esta reforma también permita abrir nuevos espacios participativos como “la deliberación ciudadana en la elaboración, gestión y control de las políticas públicas, los presupuestos participativos del Estado, la participación en los procesos legislativos en las Cortes Generales o una mayor presencia de consultas populares”.
Esta medida incluye que cuando el 15% del censo electoral entienda que “el Gobierno le ha dado la espalda\», podrá iniciar un proceso revocatorio que concluirá “con un referéndum en que se decida de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales”.
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