Asamblea de Madrid
El diputado del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha registrado una Proposición No De Ley (PNL) referida a las denuncias realizadas por miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2015 dirigidas contra diferentes periodistas que informaron sobre corrupción.
Podemos justifica que el pleno de la Asamblea debata su propuesta argumentando que “durante estos años las informaciones periodísticas hoy confirmadas no sólo no fueron atendidas por los gobiernos de la Comunidad de Madrid sino que eran las acciones judiciales contra los periodistas para intimidarlos” y también critica que paralelamente “e Canal de Isabel II se gastaba 55 millones de euros en publicidad que se otorgaba a medios de comunicación en función de criterios no objetivos”. Añadiendo que “además, la práctica habitual de Ignacio González era intentar que el acoso a periodistas lo pagaran las arcas públicas”.
“El PP ha usado las instituciones para enriquecerse y para financiar sus campañas electorales. Pero además intentó amedrentar a los periodistas que hacían su trabajo y defendían a la Comunidad de Madrid de los corruptos. Y esto lo hizo con dinero público. A los periodistas que investigaron la corrupción, como a los jueces y fiscales que la están destapando, en lugar de perseguirlos habría que estarles infinitamente agradecidos. Si además de perseguirlos se hace con dinero público puede que haya malversación, pero lo que está fuera de toda duda es que ese dinero debe volver a las arcas madrileñas”, afirma Martínez Abarca.
Por lo que entre las medidas que contempla la PNL destacan las siguientes:
– Realizar en el plazo de un mes un informe sobre el número de denuncias realizadas por miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2015 dirigidas contra periodistas u otros particulares por artículos, informaciones o cualquier tipo de denuncia haciendo constar si se emplearon servicios jurídicos y recursos propios del demandante o públicos de la Comunidad de Madrid, el coste de las actuaciones y el resultado final de la denuncia.
– Encargar a los servicios jurídicos de la Comunidad un informe sobre la posibilidad de que este gasto incurra en tipos penales de malversación (art. 432 del Código Penal) u otros y en su caso interponer las consiguientes querellas y reclamación de los importes gastados indebidamente.
– Solicitar por escrito a las personas que hubieran interpuesto tal tipo de denuncias usando recursos públicos que sin esperar al resultado de tales informes que ingresen en las arcas de la Comunidad de Madrid el coste íntegro actualizado que hubieran tenido tales actuaciones y habilitar mecanismos para que se produzca tal pago.
– Agradecer públicamente a los periodistas que en los últimos 15 años han investigado y denunciado los casos de corrupción sucedidos en la Comunidad de Madrid y que nunca se han dejado amedrentar por el Gobierno autonómico su contribución a la democracia y la decencia en nuestra Comunidad.
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