Grandes inversores institucionales que se vieron afectados por la resolución de Banco Popular, que acabó en manos del Santander tras un proceso en el que accionistas y tenedores de bonos ‘junior’ perdieron toda su inversión, han contratado al bufete internacional Quinn Emanuel para analizar posibles acciones legales.
El grupo de bonistas, que incluye a Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit Capital, constituye un “porcentaje material” de los tenedores de bonos junior de la entidad que presidía Emilio Saracho, según publica Financial Times.
Quinn Emanuel dice que explorará las acciones y las comunicaciones de los reguladores que llevaron a la evaluación del BCE de que el banco estaba “quebrado o cerca de quebrar”, así como las acciones de la administración del banco y la evaluación de los reguladores.
Richard East, de Quinn Emanuel, ha comentado al diario británico que “estamos encantados de haber sido elegidos para representar a estos fondos, todos los cuales han sufrido pérdidas desproporcionadas e innecesarias como resultado de la implementación de la decisión de la SRB de imponer un esquema de resolución sobre Banco Popular y su posterior implementación por el regulador nacional español, el FROB”.
“Han surgido una serie de problemas graves y vamos a revisar el plan de resolución y los acontecimientos previos a las decisiones adoptadas y, cuando sea necesario, presentar reclamaciones para restaurar la posición y / o buscar daños y perjuicios”, ha avisado.
Pimco, uno de los mayores gestores de activos del mundo, tenía a cierre de marzo 279 millones de euros invertidos sólo en los bonos AT 1 del Popular. Teniendo en cuenta que el banco tenía en circulación 1.250 millones de euros en estos bonos, Pimco era el principal titular de estos productos, que pasaron a no valer nada tras la intervención.
