Según explica esta asociación, el primer grupo de sanciones que deben ser anuladas se refieren a 1.260.646 expedientes sancionadores tramitados por el consistorio entre abril y septiembre del 2023, con “graves defectos en las notificaciones a los interesados, según reconoció el propio Ayuntamiento de Madrid en la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 25 de marzo contra la empresa encargada del servicio RD Post Comunicación Certificada S.L.”.
En dicha denuncia, detalla, el Ayuntamiento “reconoce que en la primera actuación revisora realizada por el IAM (Informática del Ayuntamiento de Madrid), se detectaron irregularidades en las notificaciones de dos de cada tres expedientes inspeccionados (62,33%) y señala que “al margen del perjuicio directo derivado de la facturación de servicios no prestado, debemos señalar que el Ayuntamiento ha sufrido otro perjuicio, consecuencia de la afección que las notificaciones irregulares van a producir en los procedimientos administrativos en que se debieran haber efectuado”. “La falta de notificación podría determinar la caducidad de los procedimientos sancionadores que se traducirá en que por parte del Ayuntamiento de Madrid no se podrá hacer efectivo el cobro de sanciones impuestas por el defecto en la notificación”.
Por ello, AEA considera que si el consistorio de Almeida ya reconoce en su denuncia ante la Fiscalía que “no se podrá hacer efectivo el cobro de sanciones impuestas por el defecto en la notificación” y, en base a ello reclama a la empresa concesionaria el daño causado.
Multas en las Zonas de Bajas Emisiones
El segundo grupo de expedientes sancionadores que deben ser anulados, continúa, se refieren a las denuncias formuladas desde marzo de 2023 por “Acceder a las Zonas de Bajas Emisiones sin autorización”, que el Ayuntamiento de Madrid ha venido calificando como infracciones graves e imponiendo sanciones de 200 euros, “cuando en realidad se tratan de infracciones leves no pudiéndose imponer sanciones superiores a 100€, como reiteradamente le vienen recordando los tribunales”.
En este grupo, descontando los expedientes irregulares incluidos en el apartado anterior, se encuentran otros 1,2 millones de multas (732.511 por acceder sin autorización a Distrito centro; 341.894 por acceder a Plaza Elíptica y 133.918 por acceder al interior de la M-30). Estas multas hay que añadir las denuncias formuladas por las cámaras situadas en el km. 5 de la A-3 en 2024 que, “a pesar de encontrarse en el exterior de dicho anillo y hasta julio de este año no debían sancionar, han estado formulando ilegalmente a miles de conductores durante el primer semestre”.
Multas por excesos de velocidad
Y en el último grupo se encuentran las multas impuestas en la Avenida de la Victoria (antigua carretera de El Plantío), por unos supuestos excesos de velocidad que, como ya denunció AEA en su momento, “no se produjeron, al no existir en dicho lugar ningún límite de velocidad a 30km/h, como sostenía el Ayuntamiento y los servicios jurídicos de AEA tuvieron ocasión de demostrar ante los tribunales”.