Piden frenar los desahucios con precios máximos de alquiler que tenga en cuenta el Salario Mínimo

La desorbitada subida de los precios de alquiler sigue sumando víctimas, ya que crece el número de personas que son expulsadas de sus hogares por el impago de las rentas. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del primer trimestre de 2019 son contundentes: en España hubo un total de 10.224 desahucios por impagos del alquiler, una media de 113 lanzamientos diarios, por lo que cada día son más las voces que reclaman soluciones urgentes para evitar esta ‘sangria’.

Las estadísticas muestran que los lanzamientos de inquilinos crecieron un 5,2% en los tres primeros meses de este año mientras que los derivados de hipotecas cayeron un 19,2%, lo que supone que dos de cada tres desahucios son ya de personas que viven de alquiler. Y convierte este periodo en el peor trimestre desde 2013 cuando los desahucios de alquileres llegaron a los 11.238.

El aumento de este tipo de desahucios ha hecho que Adicae se haya sumado a las voces que considera imprescindible la modificación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya que la asociación considera que se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación directa con el Salario Mínimo Interprofesional, con el nivel de renta por habitante y la tipología de la vivienda.

“Resulta contrario a toda lógica que el precio del acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, no se abarate y que los consumidores que quieren acceder a una vivienda se encuentren en las mismas dificultades, o peores, que en tiempos del boom inmobiliario”, denuncia Adicae, y añade que mientras se regulan los precios “es importante la dotación de mayores ayudas para el alquiler, especialmente para los consumidores más desfavorecidos”.

Para poder frenar esta burbuja del alquiler, Adicae propone una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales en España y su revisión periódica de uso y condiciones. En este sentido, es imprescindible la creación de una bolsa con viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado como vivienda social en alquiler.

Esta asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros recuerda que el aumento de desahucios de inquilinos no nos puede hacer olvidar que las ejecuciones hipotecarias, representan todavía el 25%, por lo que insta a las Administraciones a “promocionar e implementar las posibilidades para acceder a mecanismos como la reestructuración de la deuda, posibles quitas y la dación en pago que mejoren los derechos de los consumidores en este ámbito”.

En el mismo sentido se pronuncian desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que recuerda que los 4.341 desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias “no son cifras alentadoras” sino “todo lo contrario, ya que se producen gracias a la moratoria y a la espera de la sentencia sobre el Vencimiento Anticipado, que tienen archivados y paralizados los desahucios por hipoteca. Una moratoria que termina en mayo del 2020 “que afecta a más de 100 mil familias y que como no se amplíe y se empiecen a poner soluciones, va a tener consecuencias terroríficas”, tal y como vienen avisando desde hace meses.

Para evitarlo insisten en reclamar un plan de choque frente a la emergencia habitacional con medidas como una reforma de la LAU que contemple la regulación de los precios del alquiler, eliminar los beneficios fiscales a las socimi y fondos buitre y frenar la venta de la vivienda en manos de la banca a este tipo de inversores y en su lugar movilizarla para ampliar el parque público de vivienda.

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