Discapacidad
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha solicitado este miércoles que se agilice «urgentemente» el reparto de los test rápidos de detección de anticuerpos que servirán para aumentar la capacidad de diagnosticar el COVID-19 de forma precoz.
Según la entidad, los profesionales y personas usuarias de los centros y servicios dirigidos a personas con discapacidad y en situación de dependencia de COCEMFE y su movimiento asociativo «necesitan que estos test lleguen cuanto antes para poder desarrollar su actividad de la manera más segura posible, llevar a cabo los protocolos indicados en caso de positivos y prever posibles contagios».
«La situación que se está viviendo en nuestros centros es cada vez más grave ya que estas medidas que ahora se quieren empezar a tomar llegan con verdadero retraso, habida cuenta que llevamos casi un mes de confinamiento. El establecimiento de protocolos de actuación en caso de tener conocimiento de la existencia de personas trabajadoras diagnosticadas con coronavirus es fundamental a fin de evitar su propagación en el centro de trabajo. Se trata de una situación que no se puede demorar más», ha explicado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Asimismo, se ha mostrado consciente de que «no sólo esta situación de extrema necesidad» se está viviendo en sus centros, «sino que hasta los propios profesionales sanitarios están pasando por ella».
«Personal al que, desde aquí, queremos dar las gracias por la ingente labor que están desarrollando para luchar contra el virus del COVID-19, trabajando incansablemente. Insistimos, por tanto, que se trata de una situación que no se puede demorar cuando de vidas humanas estamos hablando», ha manifestado.
La entidad sostiene que la «saturación» que se está produciendo en el sistema sanitario de algunas comunidades autónomas, la falta de test rápidos, la escasez de EPIs y las dificultades para cubrir las bajas de personal «está provocando situaciones de angustia en los centros y servicios dirigidos a personas con discapacidad y situación de dependencia, servicios que son considerados como esenciales».
En este sentido, la organización ha recalcado que, «ante la falta de reacción» por parte de la Administración, son las propias entidades las que están «gestionando, adquiriendo y distribuyendo estos EPIs y material necesario a su personal y personas usuarias».
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