Protestas contra la ley de seguridad nacional en Hong Kong
Pekín ejercerá jurisdicción sobre casos «complicados» de Hong Kong, como los relacionados con interferencia extranjera, cuando las autoridades locales no puedan hacer cumplir la ley o cuando la seguridad nacional del territorio esté bajo amenazas «graves o realistas», en virtud de la nueva ley de seguridad nacional.
El Gobierno hongkonés ha publicado el borrador completo de la nueva legislación, cuyo contenido no se conocía en su totalidad, después de que el presidente de China, Xi Jinping, promulgara la ley, aprobada por unanimidad por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo chino.
En concreto, enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional.
La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua, tal y como había avanzado la prensa hongkonesa, aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión. Otro punto importante de la norma es que no es retroactiva.
Así, bajo la nueva ley, que consta de seis capítulos con 66 artículos, Pekín ha otorgado a las autoridades chinas amplios poderes para atender este tipo de casos «complicados», cuyos sospechosos pueden también ser extraditados a la China continental, según el texto al que ha accedido el diario local ‘South China Morning Post’.
En este sentido, habrá una unidad de Policía dedicada a investigar este tipo de casos, al tiempo que se establecerá en Hong Kong un organismo continental para hacer cumplir la seguridad nacional, que podrá llevar a cabo investigaciones. La Fiscalía Popular Suprema será la encargada de asignar las autoridades para llevar los casos, mientras que el Tribunal Popular Supremo asignará tribunales para que los conozcan.
La oficina, que operará junto a la Oficina del Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hong Kong y el Gobierno local, deberá adoptar medidas para «fortalecer la gestión» de las organizaciones no gubernamentales y las agencias de noticias extranjeras, según el artículo 54 de la norma.
Por otra parte, la información sobre el funcionamiento de la oficina de seguridad nacional no se divulgará y sus decisiones no están sujetas a ninguna revisión judicial. Todos los departamentos de la Administración hongkonesa deben cooperar con el nuevo organismo y rendir cuentas. Asimismo, los agentes chinos podrán operar libremente en el territorio, sin supervisión de la Policía hongkonesa.
La ley, que entra en vigor este miércoles, coincidiendo con 23º aniversario de la devolución de Hong Kong a China por parte de Reino Unido, ha recibido críticas de la comunidad internacional, que teme que acabe con estatus especial de la ex colonia británica.
La nueva norma ha sido incorporada a la Ley Básica de Hong Kong, considerada el texto constitucional del territorio, por lo que se trata de un cambio de gran calado que podría afectar al principio ‘un país, dos sistemas’ que resume el encaje de la región en el gigante asiático.
Este principio se acuñó con la vuelta de Hong Kong a la soberanía china e implica la garantía de que las autoridades de Pekín respetarán el régimen de derechos y libertades del que gozaron los hongkoneses durante el dominio británico.
El año pasado, el Gobierno hongkonés ya intentó aprobar una ley de extradición a la China continental a la que finalmente tuvo que renunciar por las fuertes protestas, que se han mantenido de forma intermitente en el último año.
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