El Gobierno prohíbe a las empresas financiar abiertamente a partidos políticos. Pero no se dice nada de las fundaciones. El Gobierno se ha marcado un pase horizontal en el Consejo de Ministros de este viernes y ha anunciado que se prohibirán las donaciones de empresas a los partidos, que estarán obligados a publicar en sus páginas web «el balance, la cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe pagado, el tipo de interés y el plazo de amortización». Nada se dice, no obstante, de las fundaciones.
Mi jefe se ha mostrado, como de costumbre cuando se trata de los anuncios de este gobierno, más bien escéptico. Todo parece responder a una maniobra del Ejecutivo para aliviar las presiones que han desatado los múltiples casos de corrupción encontrados últimamente en el espectro político, y especialmente entre las filas populares.
Si hay que hacer algo, dice el hombre, que se haga bien. Como en EEUU, donde está permitida la financiación pero estableciendo que ha de informarse públicamente sobre quién la hace y cuánto pone. Así no hay género de dudas y aquel que quiera colaborar con una causa pública, como es la política local, regional o nacional, debe hacerlo públicamente también.
