El freno a la privatización sanitaria, una victoria de todos

stos, en lugar de reconocer su error y rectificar, deciden lanzarse a una huida hacia adelante sin precedentes, lo que les llevara indefectiblemente a la pérdida de confianza de los profesionales y pacientes. El pasado 30 de septiembre era la fecha fatídica que la Consejería de Sanidad había establecido como final del proceso privatizador que entregaría a manos de empresas privadas la gestión de seis hospitales públicos. Pero ha pasado la misma y este absoluto despropósito, afortunadamente, no se ha consumado.

Y no la ha hecho gracias a la presión incesante de profesionales, pacientes, y ciudadanos en general, que de forma reiterada hemos manifestado nuestro más profundo rechazo. Se han convocado jornadas de huelga, concentraciones, encierros y manifestaciones de forma continuada desde que un desagradable día 31 de octubre de 2012, la Consejería de Sanidad anunció su plan de sostenibilidad.

La reacción fue inminente, hasta el punto de que comenzó con un estallido social y profesional en el Hospital de La Princesa, en pleno puente de todos los santos. Fue tal el descontento que generó, que todo el hospital se levantó al unísono contra un plan que todos rechazamos. Pronto y de forma espontánea, la movilización contra el plan de la Consejería se extendió, y colectivos de profesionales y pacientes, a través de sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de deferente índole, etc. levantaron su voz de forma clara y contundente.

La respuesta podemos afirmar que sorprendió a todos, pues es la primera ocasión en la que una medida que pone sobre la mesa un gobierno legítimo, es contestada de forma unitaria por oposición y sociedad civil. Nunca algo similar se había visto en los años de democracia, lo que debe hacer pensar que la sociedad no está muerta, que está muy viva y vigilante cuando de preservar lo que se considera un pilar básico del estado de bienestar se trata.

El Gobierno de Madrid y en especial la Consejería de Sanidad no habían contado con esta reacción, que a lo largo de los siguientes meses ha servido para poner de manifiesto que por encima de ideologías, apriorismos, viejas rencillas, y diferencias habituales, está lo que nos une: la defensa de un Sistema Sanitario Público, universal, de gestión pública y prestada por empleados públicos.

Hemos sufrido todos un considerable desgate y agotamiento a lo largo de estos meses. Las huelgas han pasado factura a profesionales y pacientes. Las manifestaciones han sido difíciles de mantener, los encierros fueron duros y penosos. Pero todo se ha podido sobrellevar y aún cada mes salimos a la calle en defensa de nuestras reivindicaciones. Y así seguiremos hasta que demos por finalizado este absurdo empecinamiento de la Consejería de Sanidad.

En paralelo con las medidas anteriormente mencionadas, diferentes organizaciones hemos realizado un importante esfuerzo económico para sufragar las reclamaciones judiciales que han llevado a los tribunales todo el proceso privatizador. Y lo hemos hecho con nuestros propios recursos económicos, tanto de afiliados/asociados, como con aportaciones voluntarias, lo que hace si cabe aún más loable este hecho.

Por fin, a lo largo del mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), comienza una cascada de pronunciamientos que suspenden cautelarmente el plan privatizador y pone contra las cuerdas a un consejero y todo su equipo, además del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid. Estos, en lugar de reconocer su error y rectificar, deciden lanzarse a una huida hacia adelante sin precedentes, lo que les llevara indefectiblemente a la pérdida de confianza de los profesionales y pacientes.

Incapaces de reconocer sus errores, los gobernantes y el partido que los sustenta han decidido no escuchar el clamor social y apuestan por continuar con un plan que está finiquitado, tanto social como judicialmente. En breve entramos en el terreno que a los políticos más les preocupa, los periodos electorales, únicos en los que solo prometen y prometen lo que posteriormente acostumbran a incumplir.

Para finalizar, solo una pequeña reflexión. Los profesionales entendemos que el sistema sanitario necesita algunos cambios, que se debe adaptar a las necesidades del momento, que debemos ser rigurosos en el gasto público, y que hay que introducir modificaciones que hagan que nuestro sistema sobreviva a la profunda crisis económica y social que sufrimos. Pero que estos cambios se realicen desde dentro, con los profesionales, colaborando todos en su diseño.

No podemos admitir un cambio tan radical y destructivo como el propuesto y encima bajo la tutela de unos profundos desconocedores del sistema. Estamos dispuestos a debatir, analizar, proponer, consensuar, pactar, acordar, etc. lo que sea necesario para garantizar la supervivencia de un sistema sanitario universal, público, de gestión privada y prestado por empleados públicos, pero también digo que lo haremos con un nuevo consejero y su nuevo equipo, razón por la que solicito que por decencia política presente la dimisión el señor consejero de Sanidad D. Javier Fernández Lasquetty.

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