Daño irreparable

Algunas instituciones como la justicia pueden quedar irremediablemente dañadas por la oleada de manipulación política. Esta semana se ha sabido que, al menos, dos de los jueces de los tribunales madrileños que deben intervenir en los dictámenes sobre la privatización de hospitales que impulsa el Gobierno autonómico, y a las que se oponen los médicos, tienen relaciones, más que estrechas con el PP.

Uno de ellos, Gerardo Martínez Tristán, es el marido de una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha y aspira a llegar al Consejo General del Poder Judicial a propuesta de este partido. Otra Inés Huerta Garicano es, según ‘El País’, candidata a un puesto en el Tribunal Supremo, intención para la que contaría con el apoyo de los magistrados conservadores.

Las acciones combinadas de ambos, siempre según las fuentes consultadas por este diario, pueden facilitar, y mucho, las intenciones del Gobierno de Ignacio González de culminar el proceso de privatización hospitalaria que ahora permanece paralizado por la justicia.

Al parecer, Martínez Tristán ha podido agrupar todas las causas pendientes, lo que favorecería los planes del PP madrileño, gracias a que previamente Huerta Garicano desestimó un recurso de CCOO. Una cuestión bastante sospechosa que quizá no lo fuera tanto sin el interés de ambos magistrados por escalar puestos en la carrera judicial o sin la necesidad de connivencia con los político para conseguirlo.

Pero nada de esto ha debido pesar en las decisiones adoptadas por unos y otros. Y eso que llueve sobre mojado, porque hasta el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, resulta sospechoso al haber sido militante del PP en momentos en que su pertenencia a un partido le habría tenido que impedir ocupar determinados cargos.

Da igual. Esta misma semana, la Fiscalía ha considerado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no tiene que declarar por el ‘caso Gürtel’, aunque durante su mandato el Gobierno que presidía realizó un sinfín de contratos irregulares, ahora perdidos en el mismo guardamuebles en el que descansan las agendas de Bárcenas y los datos de sus discos duros borrados.

Y también que la Unidad de Delitos Financieros de la Policía tiene un nuevo jefe, el tercero desde que Rajoy llegó al Gobierno, y que el sindicato mayoritario de estos profesionales sospecha públicamente de que el ministro del Interior quiere tener en el cargo a un mando que resulte favorable para los intereses de su partido de echar tierra sobre determinados asuntos.

Son ya tantos los ejemplos y tan reiterativos que parece evidente que a los dirigentes políticos españoles no les importa en absoluto el daño que pueden hacerle a las instituciones, y por extensión a la democracia, con estos manejos. Están en el sálvense quien pueda y en medrar por enchufe, al más puro estilo español. Lo malo es que el daño ya está hecho y quizá sea muy difícil de reparar.

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