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Y sigue sin pasar nada…

Esta semana han vuelto a verse imágenes de episodios de indignación protagonizados por grupos de afectados por las preferentes. Ciudadanos desesperados que abucheaban e increpaban a algunos antiguos altos ejecutivos de Bankia en la puerta de la Audiencia Nacional, cuando estos abandonaban el edificio tras haber prestado declaración ante el juez.

Las retransmisiones televisivas hacían perfectamente visible el malestar de los participantes en las protestas, jubilados en su mayoría, que han perdido, en muchos casos, los ahorros de toda una vida. Un dinero reunido con esfuerzo, a lo largo de mucho tiempo que colocaron en unos productos, complejos, cuya naturaleza no conocían. Hombres y mujeres sin cultura financiera, que, en realidad, pensaban en las preferentes como si fueran una imposición a plazo fijo que les permitía conseguir una buena rentabilidad.

Pero, claro, las preferentes no eran eso. Y tampoco se lo explicó bien es director de la sucursal bancaria con la que siempre trabajaron en el que habían depositado su confianza. Un hombre que, por cierto, en la mayoría de los casos, tampoco sabía lo que estaba vendiendo, que se limitaba a intentar cumplir con los objetivos de resultados marcados por sus superiores y que, eso sí, era quien daba la cara y a quien, por lo tanto, finalmente le correspondería el protagonismo de esta estafa legal.

Y, entre unas cosas y otras, estos veteranos se han visto abocados a una ruina inesperada por culpa de los intereses de los grandes grupos financieros europeos, alemanes sobre todo, y por la incapacidad política del Gobierno español para oponerse a determinadas condiciones impuestas por Bruselas en ese rescate bancario que vendieron a la población como simple préstamo de bajo interés.

Reflotar y salvar las cajas quebradas cuesta ya, entre unas cosas y otras, casi un 10% del PIB, 100.000 millones, de los cuales 61.000 se han ido en ayudas directas, parte de las cuáles, 37.0000, proceden del fondo de rescate europeo. Pues bien, con sólo 3.000 de estos millones se habría evitado que los afectados por las preferentes perdieran sus ahorros. Y sin duda, podrían haberse encontrado más de media docena de fórmulas aceptables para evitarlo o, cuando menos, limitar al máximo esos quebrantos. Sin ir más lejos podría habérseles entregado bonos del tesoro por una cantidad equivalente al dinero invertido.

Bastaba con ejercer en Bruselas la presión política correcta en el momento adecuada. En fin que, una vez más, hubiera sido suficiente con que los representantes elegidos en las urnas hicieran correctamente el trabajo que tienen encomendado.

Pero no lo hicieron aceptaron un menú endiablado que les exigía un recorte de 10.000 millones a repartir entre cierres de sucursales, despidos y la correspondiente quita a los tenedores de productos híbridos. Un vocablo técnico que en casi cualquier lugar del mundo se usa para nombrar a grandes inversores acostumbrados al riesgo, pero que en España hubo que hacer extensivo a estos grupos desesperados de pensionistas que nos muestran las imágenes de las que hablábamos al principio.

Con la circunstancia añadida de que muchos de estos afectados lo han sido doblemente. Son esos empleados de las viejas cajas, ahora despedidos, que también colocaron sus ahorros en las preferentes. Personas que, además, llevan ya demasiado tiempo viendo entrar y salir de los juzgados a los responsables de la estafa, a esos altos ejecutivos que también dicen no saber nada de lo que estaba pasando allí, como si la hecatombe se hubiera desarrollado por efecto de una catástrofe natural.

Un proceso reiterado y aberrante del que parece deducirse que, una vez más, todos estos directivos, que se beneficiaron y mucho de la bonanza en las épocas de gloria, se van a ir de rosetas. Por que lo único cierto, es que el tiempo pasa y no se tienen noticias de sentencias contundentes, imposición de penas o, en fin, justicia reparadora.

No es la primera vez que nos hacemos eco de este drama humano en este espacio. Ni será la última. Son asuntos de los que conviene no dejar de hablar hasta que hayan encontrado la solución que merecen. Porque si se usan los impuestos de todos para sanear esas cajas a costa incluso de perder buena parte de los sistemas de cohesión social de los que se disponía, hay que exigir sin descanso una solución para los más débiles y una penalización ejemplar para los culpables de lo sucedido.