¿A cuánto ascenderá finalmente la factura a pagar por el saneamiento financiero? Nadie lo sabe. Pero para hacerse una idea de la cifra total, habría que tener también en cuenta las actuaciones de los jueces que en los tribunales de toda España intervienen en litigios relacionados con productos híbridos como las acciones preferentes.
En algunos ambientes por los que se mueven personas cercanas a estos procesos en marcha se asegura, un poco a ojo de buen cubero, que, de promedio, en casi cada juzgado español, hay un par de decenas de casos aceptados y que más del 90% van a saldarse con sentencias favorables a los particulares que denuncian las prácticas fraudulentas de los bancos a la hora de colocar entre sus clientes estos activos.
Por supuesto, cuando se fijen las correspondientes indemnizaciones a pagar, se configurará otra cuenta pendiente que, en el caso de las entidades nacionalizadas, las más involucradas en este tipo de procesos, saldrá de los devastados bolsillos de los contribuyentes españoles. Y aunque, a tenor de las descomunales cifras que se manejan en este asunto del rescate de las viejas cajas, la suma final pueda parecer poca cosa, también habrá que contar con ella.
Aseguran estos observadores de la realidad de la magistratura que, en estos momentos, la mayor parte de las reclamaciones prosperan, porque los jueces de a pie, que no son precisamente los de ese Tribunal Supremo cuyas resoluciones resultan tan favorables últimamente a los responsables políticos, están imbuidos en ese ambiente social que responsabiliza a los bancos de la crisis económica y que, lejos de relajarse, se tensa por momentos ante las sospechas de buena parte de la población de que la justicia no es igual para todos.
No sólo eso. La base social de los profesionales de la justicia, en su mayoría procedentes de la zona más pudiente de la baqueteada clase media, también está inmersa en las tribulaciones provocadas por ese mismo ambiente. Hasta tal punto de que en el entorno familiar y entre las amistades de estos magistrados se respira perfectamente el malestar provocado por las acciones, de momento sin castigo, de una parte de la clase financiera española, en forma de paro creciente, recortes e incertidumbre ante el futuro.
Una mezcla explosiva que combina mal con otras circunstancias que también afectan, hoy por hoy, directamente a los jueces españoles. Unos trabajadores que han visto como aumentaba su número de horas trabajadas, mientras se reducía en casi un 20% el dinero cobrado por ellas.
Sin contar con las pérdidas de privilegios y de peso de la profesión en la propia sociedad y en las instancias de la judicatura, donde ha dejado de ser un ‘chollo’ llegar, por ejemplo, a formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y donde, para acceder a cualquier puesto relevante ya solo cuentan prácticamente los contactos políticos, sin que las relaciones profesionales tengan apenas peso.
En definitiva, un curioso panorama de fondo que también forma parte de la coyuntura y el contexto en el que se desenvuelve ahora la sociedad española y que tendrá consecuencias en el futuro, como ya las tiene, y muchas, en el presente.
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Los jueces y el factor humano
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