Cuando el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, explicó al país que iba a hacer públicas sus declaraciones de la renta y patrimonio, no era fácil imaginar que iba a tomarse su tiempo para hacerlo. Al fin y al cabo, cualquier contribuyente a quien se le exija algo parecido sólo tardaría unos minutos en mostrar esos papeles, porque lo normal, para la mayoría, es tener archivada esa documentación en un lugar perfectamente conocido.
De modo que un español medio que se vea obligado a enseñar su declaración de la renta, busca la carpeta donde la dejó el año anterior, la saca de allí y la pone a disposición de quien haga falta en cuestión de minutos. O como mucho de horas. Claro que, en honor a la verdad también hay ciudadanos despistados, que no recuerdan nunca donde se dejan las cosas por importantes que sean. Y hasta alguno que las pierde y se ve en un lío administrativo si con quien tiene que lidiar es con el todopoderoso Ministerio de Hacienda.
Un lugar, donde por cierto, los funcionarios encargados de estas cuestiones no suelen tardar apenas tiempo en localizar ese documento gracias a los sistemas informáticos. Puede ocurrir, eso sí, que si el ciudadano peticionario la necesita para, pongamos por caso, acceder a una subvención, encontrar el documento se convierta en una tarea imposible. Pero si el asunto va de otra cosa, de comprobaciones, multas o las terribles paralelas, la declaración se materializa en cuestión de segundos frente a los ojos atónitos del contribuyente asediado.
Entonces, ¿qué ha pasado exactamente con esos documentos que prometió enseñar Rajoy? Porque no estuvieron disponibles inmediatamente después de que asegurara que iba a colgarlos en Internet para que todos los españoles pudieran verlos. Alguien tendría que dar una explicación muy seria por esta demora incomprensible.
Habrá quien justifique el espacio de siete días transcurrido entre la promesa del presidente y la publicación final de sus declaraciones de la renta y patrimonio, aduciendo que Rajoy se dio a si mismo el plazo de una semana y que ese compromiso quedó cumplido ayer, cuando, por fin, los documentos estuvieron disponibles en la web de La Moncloa, pero esa circunstancia no termina con esa sensación de arbitrariedad que se desprende de todo este proceso.
Para empezar, el presidente sólo ha publicado sus declaraciones desde 2003, con lo que deja un amplio periodo, en el que supuestamente cobró sobresueldos sin justificar. E incluso, en esos años que finalmente ha hecho accesibles a todos los ciudadanos hay contradicciones y datos que dejan un sabor de boca agridulce a una población golpeada por la crisis a la que Rajoy, pedía moderación salarial mientras el mismo se subía el sueldo. Y desfases entre el dinero que declaraba Hacienda, sin intención en principio de que las cantidades fueran conocidas, y lo que decía ganar en los documentos que entregaba en el Congreso de los Diputados.
Al final, el pretendido ejercicio de transparencia vuelve a quedarse corto. No despeja las dudas, más bien siembra nuevas incertidumbres y hace evidente que resulta necesario que la justicia investigue muy a fondo la trama Gürtel para que la ciudadanía sepa de una vez lo que pasó en realidad y los responsables de acciones delictivas reciban el castigo que les corresponda en función de las faltas cometidas.
