No es fácil, nunca lo será, asimilar una huelga general, por justificada que esté. Supone sin lugar a dudas un deterioro para la economía y un trastorno para muchas personas. Y esta que acaba de convocarse para el catorce de noviembre coincide además con una etapa en que algo que pueda perjudicar aún más la situación debe ser motivo para pensarlo dos veces. Pero si la situación económica empeora de manera galopante y las medidas de ajuste exigidas desde Bruselas, y sobre todo desde Alemania, y aplicadas por el Gobierno no se toman respiro, cada día son más las personas que sufren en carnes propias la escasez, cuando no la falta absoluta de recursos, para subsistir.
Por eso no debe causar extrañeza que las quejas y las protestas arrecien por mucho que en La Moncloa, en Génova y en la CEOE opinen que se está haciendo lo correcto y que todo es imprescindible para que las cosas mejoren, además sin que nadie sepa ni por aproximación cuando. Los sindicatos están para algo, es decir, para representar y defender los intereses de los trabajadores. Y en situaciones extremas como es esta, la huelga se convierte en un recurso inevitable aunque sus representantes seguramente sean los primeros en lamentarla. Pero, si hemos de ser comprensivos, algo tienen que hacer para que se atiendan sus razones, y la realidad nos demuestra que ahora mismo no se ve otra forma.
Críticas les va a costar a las centrales su iniciativa y riesgos para su imagen y para su futuro nadie dudará que van a correr. Es algo implícito en su función. Es la segunda huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy que todavía no lleva un año en el poder, lo cual deberá hacerle reflexionar con nuevos elementos para el análisis. Y, no, no será una huelga política, no lo debe ser ante un Gobierno con un respaldo mayoritario como el que tiene el PP. Además, será una huelga pacífica, y si no lo fuese si brindaría razones para censurarla. Estamos en un Estado de Derecho y la huelga, convocada en tiempo y forma, es un resorte legal que, ante cinco millones de desempleados y otros muchos angustiados por la pérdida de capacidad adquisitiva y por el deterioro de servicios que afectan a su salud, está parece justificada. Aunque a muchos no guste y a la mayoría nos cree incomodidades.
