El Gobierno mira sorprendido a los lados ante la avalancha creciente de las movilizaciones callejeras y busca culpables a quien achacar la agitación que recorre el país. Sin otras referencias más actualizadas, los miembros del Ejecutivo parecen recurrir a los viejos manuales de combate político que empiezan a quedarse quizá un tanto obsoletos y le achaca al PSOE, su gran rival, una estrategia de oposición desestabilizadora basada en las revueltas muy parecida, curiosamente, a la que organizó el PP durante los siete años largos que estuvo en la oposición.
Lo malo es que los socialistas, ni están en este lío, ni se les espera. Y otro tanto pasa con los sindicatos que aparecen en esta oleada de protestas más como elementos que busca su sitio en la fiesta que como instigadores, organizadores o grupo en la cúspide del poder de esta presunta agitación medida y coordinada.
El Gobierno se equivoca al no entender la condición real de espontaneidad que tienen las actuales protestas. Comete un error, que puede tener consecuencias graves en poco tiempo, al intentar simplificar las raíces del fenómeno con esta atribución de los sucesos a unos enemigos políticos más o menos reconocibles. Sobre todo porque este análisis limita por completo la estrategia a seguir con el creciente descontento.
Se trata de colectivos demasiado diversos, con intereses propios muy evidentes y, a veces, hasta enfrentados entre si. Son muchas las reivindicaciones que se escuchan en las calles y se contagian a través de las redes sociales para obedecer al usado esquema de la agitación política clásica.
Sobre todo, también, porque si hubiera un ente capaz de agitar a tantos y por cosas tan diversas, fuera quien fuera, no tardaría en conseguir el poder. O sea que, en cierto sentido quizá al PSOE y a los sindicatos les gustaría que el PP llevara razón. Pero no la lleva. E incluso, resulta más que probable que muchos en el propio Gobierno sean conscientes de este error de cálculo, aunque insistan en él, como los demás, sólo para el consumo de cierta base de votantes ultramontana que este partido ‘cuida’ todo lo que puede.
Pero, de lo que estamos hablando en realidad, es de la legítima protesta de unos ciudadanos que se sienten afectados por unas medidas económicas que se han adoptado y que consideran contrarias a sus intereses. Ni más, ni menos.
