No es un banco malo, es un basurero. Público además. Y como tal, la gente, los contribuyentes, tienen el derecho a saber de dónde viene la basura, por qué viene la basura y quién ha generado tal cantidad de basura. Porque son los que la van a pagar, y qué menos.
Así de tajante se ha mostrado mi jefe cuando le he preguntado por la posibilidad de que el próximo Gobierno apruebe la creación de una entidad estatal -banco malo, en el argot popular- que pueda asumir los activos tóxicos del sistema financiero español.
El que me paga a mí cree que esta iniciativa, si se da, la vamos a pagar entre todos todos. Uno por uno y sin excepción. Partiendo de esa base, me ha vuelto a dar la barrila con la misma cantinela: que hay que ser transparentes, identificar lo que va a costar e informar de dónde demonios se va a sacar el dinero para ello. Y ni aún así considera que esta sea la gran solución.
Pero hacer esto exige valentía, claro. Aunque los políticos -ha recordado mi jefe- tienen la responsabilidad expresa de representar a toda la sociedad y no sólo al sistema financiero, que es una pequeña parte de esa sociedad. Sin embargo, semejante obviedad parece haber sido olvidada.
