Había cierta expectación entre los periodistas acreditados en Bruselas por el estreno de Joaquín Almunia como comisario de Competencia. En su nuevo cargo, quizá más polémico que la Comisaría de Economía que ostentaba hace tan sólo unos días, el antigo líder del socialismo español tendrá mucho más contacto con la economía real y con los lobbies empresariales que el que jamás tuvo en el desempeño de su función anterior. Una situación que aporta riesgo tanto a las decisiones como a las presiones que sufrirá.
Por el momento, su declaración de intenciones, no ha decepcionado a la concurrencia. Más bien todo lo contrario. Almunia ha afirmado que quiere darle más visibilidad a sus decisiones y, sobre todo, conseguir que las víctimas de los abusos que se cometen al vulnerar la legislación sobre la competencia reciban su reparación correspondiente. Loable intención que, tal vez, Bruselas debería hacer extensiva a muchos otros ámbitos. Por ejemplo a aquel en el que sobreviven las miles de personas que han perdido su trabajo por culpa de una crisis provocada por leyes ambiguas y supervisores ciegos.
