Había que cargarse una buena parte de los olivos porque había que evitar la superproducción. Tradicionalmente España era un país exportador de aceite de oliva. Bien es verdad que se exportaba a granel para que otros, particularmente los italianos, le pusieran sus etiquetas en las botellas y los comercializaran como si se tratase de un producto propio. Los intentos nacionales por venderla por ahí afuera no tuvieron éxito porque el marketing es evidente que se hizo mal; desastrosamente mal, añado. Recuerdo muy bien el dineral que se gastó en los Estados Unidos promocionando las aceitunas españolas como elemento distintivo de las pizzas. Sin más comentarios.
Pero en una de estas llegaron los listillos de Bruselas, de la Comisión quiero decir, y decretaron, algo que en España se asumió a ojos cerrados, que había que cargarse una buena parte de los olivos porque había que evitar la superproducción. Era ministra de Agricultura la fallecida Loyola de Palacio que aguantó manifestaciones de protesta frente al Ministerio, pero acabó tragando la orden sin tener en cuenta los argumentos en favor de los olivos: el primero, el tiempo que hace falta para criarlo y ponerlo en producción. No faltó quien se forró cortándolos de cuajo.
Se destruyeron miles de olivos y ahora, en un año de sequía y cosechas malas, resulta que España es la que tiene que importar para garantizar el consumo nacional, donde el aceite de oliva – sin duda el mejor – se ha impuesto y para garantizar los compromisos internacionales que se tenían asumidos. He leído por ahí que hay que comprar fuera la friolera de un tercio de las necesidades. La mayor parte de las importaciones de países del Magreb y especialmente de Túnez. Divisas al canto en tiempos de austeridad y paro por millones. Esos son los negocios de algunos de los dirigentes que nos han caído en mala suerte.
